El informe  suscrito por los legisladores del opositor Partido Liberación Nacional (PLN) y los disidentes del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís y Epsy Campbell, condena al ex viceministro Soley para quien pide incluso sanciones, como ser inhibido para ejercer cargos públicos por tres años.

Además, sugiere con “palabras respetuosas” al presidente Luis Guillermo Solís que separe de su cargo al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, porque no fue diligente en investigar la denuncia, que en un primer momento, solo había sido formulada por el diario La Nación.

Al explicar la decisión, Ottón Solís afirmó que los suscriptores de ese informe “decidimos creer” a la procuradora y no al ex viceministro, con base en… no lo sabemos, porque los únicos elementos con que contó la comisión fueron la  declaración de uno y de la otra.

Se trata de dos versiones contradictorias sobre una conversación privada de la que no hubo testigos, ni grabaciones ni nada. Es decir, la palabra de dos personas que afirman tener cada una la verdad, aunque sabemos por simple lógica formal que al menos una de las dos tiene que ser falsa.

Pero ¿cómo pudieron determinar los diputados cuál era la falsa y cuál la verdadera? Nadie lo podría decir, ni siquiera los diputados por más que se esfuercen en enredarnos con argumentos sutiles.

Lo que sí es verificable es lo que el propio Soley afirmó después de conocerse el informe: que todos los diputados que suscribieron esa declaración habían manifestado públicamente su convicción de que el viceministro era culpable mucho antes de que se dieran las audiencias legislativas, por lo cual ya tenían un criterio formado.

En un proceso de justicia penal, el que los jueces resuelvan habiendo emitido un criterio sobre lo que tenían que resolver antes de conocer y valorar la prueba causa una nulidad absoluta, por cuanto esto violenta el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política a todo ciudadano. Ciertamente, los diputados no son jueces, ni una comisión legislativa es un tribunal, pero si se meten a jugar el papel de juzgadores tienen que atenerse a las mismas reglas de la sana crítica a que están obligados a los jueces y no arrogarse el poder de la omnisciencia divina.

Entonces, si los diputados ya sabían a quién iban a condenar, también resulta evidente que la investigación no fue más que un acto circense concebido para alcanzar un objetivo político –mejor digamos politiquero- que trasciende el tema del affaire Brenes-Soley.

La segunda parte del informe, que se refiere al ministro Jiménez, transparenta dicho objetivo: aumentar las presiones para obligar al presidente Solís a sacar de su cargo al ministro de la Presidencia.

Uno podría sospechar que todo este circo mediático-político fue montado con el único propósito de involucrar al ministro, a quien Ottón Solís, Epsy Campbell y compañía no le tienen buena voluntad, por razones que uno también podría sospechar pero que constituyen materia amplísima y compleja que amerita un comentario aparte.

A esta inquina diputadil se suma la de algunos medios de comunicación que han venido clamando por la cabeza del ministro casi desde el día siguiente a su designación, primero por su condición de obispo luterano, luego por cualquier otra cosa, que va desde las conversaciones privadas de su viceministro con otras personas, hasta el bigote que ya se rasuró.