Ortega se comprometió a no reprimir las manifestaciones opositoras.

El acuerdo fue alcanzado en las negociaciones que la delegación de gobierno, que encabeza el canciller Denis Moncada, sostiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) desde el 27 de febrero para buscar una solución a la crisis derivada de las protestas contra Ortega.

En el acuerdo de 18 puntos, vinculado a los derechos y garantías ciudadanas, el "Estado se compromete a devolver" estas libertades a los nicaragüenses, afirmó el delegado opositor Juan Sebastián Chamorro en rueda de prensa.

El documento establece que se van a "garantizar el derecho a la concentración, manifestación y movilización pública" contemplado en la Constitución, que fueron suprimidos por la policía en septiembre pasado para evitar que continuaran las marchas opositoras.

Convinieron también "revisar las cancelaciones de las personerías jurídicas" de las ONG que fueron ilegalizadas por apoyar las protestas.

Asimismo se insta a "tomar medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización y de quienes se organicen como grupos armados fuera" de la ley.

Chamorro explicó que este es un llamado al ejército para el "desarme de los paramilitares".

El gobierno acordó respetar la libertad de expresión y facilitar la importación de materia prima a los medios de comunicación.

El documento no precisa sin embargo si serán liberados el papel y otros materiales que la oficina de aduana tiene bloqueados desde septiembre a los principales periódicos nacionales que tienen posturas críticas hacia el gobierno.

El ejecutivo dijo igualmente que los exiliados pueden "regresar con plenas garantías de seguridad" a Nicaragua.

La próxima semana las partes tienen previsto avanzar en la discusión de cuatro puntos pendientes, entre ellos el espinoso tema de la democratización, que incluye una reforma electoral, que contará con la asistencia de la OEA.

La oposición anunció el jueves que insistirá en su propuesta de adelantar los comicios del 2021, pese a que el  gobierno, que tiene el control del parlamento para promover esta iniciativa, lo rechazó.

El diálogo está previsto que cierre el próximo 3 de abril.

- Avanza proceso de liberación de opositores -

En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aceptó apoyar el proceso de liberación de quienes están presos por participar en las protestas contra el gobierno, en el marco de los acuerdos alcanzados en el diálogo.

El CICR para México y América Central confirmó su "plena disposición de facilitar el proceso de liberación" de las "personas privadas de libertad" a raíz de las protestas, indicaron el gobierno y la oposición en una declaración conjunta.

El comunicado, distribuido por la Presidencia, señala que deben entregar la lista de opositores detenidos al CICR.

Las partes invitaron al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, y al enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, que fungen como testigos del diálogo, para que sirvan de "garantes internacionales" en la liberación de los presos, cuya fecha de salida no se ha definido.

El gobierno anunció el 20 de marzo que liberará a todos los opositores en un plazo máximo de 90 días, pero las partes informaron que aún falta definir el procedimiento y firmar un "protocolo de garantías de seguridad".

El gobierno se comprometió a cerrar mediante un acuerdo las causas judiciales contra "los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía vinculados a opositores que están clandestinos o exiliados", indica el texto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 647 opositores detenidos desde que estallaron las protestas en abril pasado contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 325 muertos y más de 50.000 exiliados por amenaza de muerte o encarcelamiento.

Por su lado, la Comisión de la Verdad y la Justicia de Nicaragua, creada por el parlamento para investigar la violencia en las protestas, indicó esta semana que tienen información solo de 261 opositores presos de la lista de 647 reportados por la CIDH.

Según esta comisión, de las 386 personas restantes que menciona la CIDH, 152 han sido puestas en libertad, 61 no están vinculadas a las protestas, 54 no saben quiénes son, 112 no están en ningún centro carcelario y 7 nombres están duplicados.

Ortega, un exguerrillero que gobierna desde 2007, aceptó en febrero volver a la mesa de diálogo con la oposición para resolver la crisis que vive Nicaragua como consecuencia de la represión a las protestas y ante las amenazas de sanciones internacionales.