En el encuentro se van a debatir e intercambiar experiencias que permitan llegar a conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación de las llamadas Directrices Voluntarias de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe (ALC) y una propuesta preliminar de indicadores en esta materia.

“Existe una necesidad urgente de adoptar modelos de producción más sostenibles con la finalidad de frenar el deterioro de los ecosistemas y los recursos naturales, y que garantice la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones”, señaló Jessica Casaza especialista del organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.

La actividad que está prevista para el 1° de junio en San José, busca avanzaren políticas integrando al sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial; una visión y planificación integral sobre las políticas agroambientales y la articulación intersectorial, favoreciendo procesos más y mejor articulados para una gobernanza que aseguren la sostenibilidad en la agricultura y la gestión de los recursos naturales.

Casaza, coordinadora del proyecto regional llevado a cabo por FAO y Gobierno de Brasil para el fortalecimiento de políticas agroambientales, explicó que el diálogo y análisis para la definición y el desarrollo metodológico de los indicadores de políticas agroambientales “favorece a los países en el proceso de internalización de las Directrices Voluntarias y aplicación de medidas agroambientales en sinergia con las Directrices de Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques”.

Las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales contribuyen a los Objetivos deDesarrollo Sostenible –ODS- y presentan sinergia con varios indicadores propuestos, en especial de los Objetivos 2 (Hambre cero); 13 (Acción por el clima); 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Sin embargo, medidas agroambientales postuladas también están en consonancia con metas de los Objetivos 1, 3, 5, 6, 7, 9 y 12.

El diálogo que se promoverá en Costa Rica también se promueve en otros países de la región, generando importantes contribuciones para la implementación de las Directrices en América Latina y el Caribe.

El taller es promovido por el proyecto de fortalecimiento de políticas agroambientales en ALC con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Representación de FAO en Costa Rica.

Por su parte, Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica, señaló que para el país es sumamente valioso incorporar las directrices voluntarias y sus indicadores, en el trabajo intersectorial de agricultura y ambiente, a efectos de dar pasos importantes hacia el desarrollo sostenible.

En Costa Rica, se realizó el proceso de identificación de las políticas agroambientales y cuyo resultado fue publicado en el documento Experiencias de aplicación de políticas públicas que fomentan la agricultura la agricultura sostenible en Costa Rica: Identificación, sistematización y análisis.

Directrices en ALC: mejora en la gobernanza

Las Directrices Voluntarias para las Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe han sido preparadas por medio de un intenso y amplio proceso de consultas y debates entre distintos sectores de gobierno y especialistas de varios países de la región, así como con el aporte de sectores como representantes de organizaciones de agricultores, organizaciones ambientales y sociedad civil. Las Directrices posibilitarán aportar a la comprensión del estado de la política vista desde una perspectiva orientadora agroambiental y de sus enlaces intersectoriales actuales y potenciales.

“Estamos promoviendo las Directrices Voluntarias como guías orientadoras para mejorar las políticas bajo un enfoque agroambiental vinculando sociedad, territorio, medioambiente y economía de manera más integrada y armónica, con la participación de diversos actores en un marco de institucionalidad inclusiva”, añade Jessica.

El proyecto, iniciado en el 2012, contribuye al fortalecimiento de políticas públicas agroambientales como una herramienta para la reducción de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria en países de la región. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil.