Estado argentino le pague 320,7 millones al fondo buitre que compró el juicio por privatización.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, volvió a fallar en contra de la Argentina por la expropiación de Aerolíneas y Austral. El país había apelado un fallo adverso en 2017, pero el Ciadi ratificó este miércoles su sentencia a favor del fondo Burford, que compró el juicio al grupo español Marsans, al que deberá pagarse 320,7 millones de dólares de indemnización. Burford también compró el juicio por la expropiación de YPF, que avanza en los tribunales estadounidenses.

“La solicitud de anulación de Argentina es rechazada”, afirmó el Ciadi sobre Aerolíneas. Tras la expropiación, el Tribunal de Tasaciones había valuado los activos de la compañía vaciada y llegó a una cifra negativa de 832 millones de dólares, mientras que el grupo español exigía un resarcimiento de 600 millones. El Estado depositó entonces un peso como valor simbólico para tomar el control de la empresa.

Aerolíneas y Austral fueron estatizadas en 2008, en medio de una situación de incumplimiento en el pago de salarios y a los proveedores y ante la amenaza de desaparición de las compañías. La historia de vaciamiento se remonta primero a Iberia y luego Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, del Grupo Marsans, que provocaron en la línea de bandera un deterioro impactante.

El origen

En 1990, previo a la privatización que realizó el gobierno de Carlos Menem, la empresa contaba con 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, sólo quedaban dos aviones propios de alcance internacional y 30 alquilados. Las oficinas de Aerolíneas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas. Marsans también vendió los tres simuladores de vuelo, los únicos existentes entonces en América latina, que eran usados para la capacitación del personal de Aerolíneas y Austral.Se entregaron rutas a Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza que luego fueron explotadas por Iberia, la red de procesamiento de datos y el sistema de reservas, también a favor de la aerolínea española.

Más allá de la valuación del Tribunal de Tasación, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares y se había quedado la flota más antigua de la región. Según recuerda el ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde, la empresa había comenzado con la práctica de “canibalismos”, que consistía en utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones. La empresa empezó a tener problemas para el pago de los compromisos con los proveedores, los alquileres de las unidades y los prestamistas. También comenzó a incumplir con el pago de salarios de su personal, la nafta, las tasas aeroportuarias y amenazaba con la quiebra de la compañía.

Luego de un proceso de idas y vueltas que duró tres meses, en diciembre de 2008 el Senado convirtió en ley la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas, normativa que le permitirá al Poder Ejecutivo avanzar con el pedido de expropiación de las compañías. Previamente se había sancionado una primera ley de compra de acciones y la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas.

Desembarco del buitre

Posibilitum Business, la pata de Burford especializada en adquisición de sociedades en dificultades, adquirió Marsans y Teinver, y presentó ante el Ciadi un reclamo al Estado argentino por unos 1100 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. En 2017 el Ciadi falló en contra de la Argentina y los abogados del Estado apelaron la medida solicitando la nulidad de la sentencia, que obligaba al país a pagarle a Burford 320,7 millones de dólares, bajo el argumento de que el tribunal se había extralimitado en sus facultades.

El tribunal arbitral rechazó este miércoles la solicitud de Argentina de anular su sentencia y obligar el pago de los más de 320 millones de dólares al holding. "La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de 1.017.512 dólares en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, de acuerdo con el fallo del Ciadi.