Tras varias modificaciones al texto ingresado al Congreso, a partir de negociaciones entre gobierno, partidos políticos, sector privado y organizaciones ambientalistas, atropelladamente fue aprobada en Comisión Legislativa el jueves 27 de marzo y votada en primer debate el lunes 31 de marzo del 2014. Después de esa votación apresurada y carente de análisis y discusión, unos pocos artículos fueron consultados a la Sala IV.

Y ahí sucedió algo tan inesperado como cuando un equipo de fútbol logra meter un gol, pero el árbitro de línea advierte que había un jugador en posición adelantada y pese a todo el esfuerzo, el gol no vale, le pitan: ¡Off-Side! o ¡Fuera de Juego! Y simplemente se anula la jugada.

Eso es exactamente lo que sucedió a nuestra nueva ley, hecha supuestamente para proteger el agua, cuando los magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, muy acertada y claramente, expresaron que el plazo para votar una ley de Iniciativa Popular ya había prescrito a fines de marzo del 2014 y que la Asamblea debió haberle dado el Segundo Debate al día siguiente de su aprobación, es decir, el 1° de abril del año pasado.

Y es que al haberse cumplido con el “plazo fatal de 2 años”, ni siquiera cabía responder la consulta a los diputados. A ello agregaron que por su carácter especial, el proyecto no podía modificarse sustancialmente por oponerse al Principio de Conexidad, o sea debía mantenerse y respetarse el espíritu de lo que anhelábamos quienes firmamos y recogíamos firmas, algo que reprochamos hubiere sido violentado.

Aun así, vemos con sorpresa cómo hoy algunas organizaciones que pretenden seguir adelante, pidiendo el equivalente de “tiempo extra” cuando no hay motivo, el tiempo ya se acabó. Más grave aún, han embarcado al Presidente de la República y varios destacados ministros a solicitar que el proyecto sea votado, con lo que se violentaría el marco constitucional.

En lugar de seguir impulsando un proyecto de ley votado a la carrera, nos parece necesario analizar con detenimiento la situación y más bien fortalecer si fuere del caso, la Ley de Aguas probada por años, a la que se le han hecho modificaciones (muchas en 1996) y no tratar de sustituirla por una ley manoseada, que perdió de vista el espíritu y esencia de la recolecta de firmas y el sustento de la Ley de Iniciativa Popular.

Engavetada por un plazo imprudentemente largo, obligaron a aprobarla apresuradamente con yerros y recovecos que hicieron peor el remedio que la enfermedad.

En esas circunstancias, en el camino de las negociaciones, se “le pegaron” algunas reformas o mejor dicho contra-reformas que no responden al anhelo de los firmantes que simplemente esperábamos se protegiera el agua y se declarara el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas como un Derecho Humano y no declararla como un bien económico, comercial, sujeto a oferta y demanda, como quedó finalmente en el proyecto de ley.

Con todo los acontecido, lo razonable es olvidarnos de esa nueva ley de agua que aunque algunos no lo quieran reconocer, está muerta. En su lugar, hemos de unir todos los esfuerzos para lograr que se incluya a nivel constitucional el agua como derecho humano, como lo reconoce la ONU y otras instancias internacionales.

Y es que debemos ser claros, en una ley de aguas no puede aparecer declaración alguna que la contemple como “bien económico” en lugar de “bien social”, pues la convierte en mercancía, en objeto sujeto a la oferta y la demanda, en algo privatizable.

Finalmente, al ignorar la declaración de la ONU en lo que se refiere al Derecho Humano al agua, esta ley levanta más dudas sobre lo que esconde. ¿Por qué no incluyeron que como derecho humano el agua debe estar disponible con estas características: 1. Suficiente, 2. Saludable, 3. Aceptable, 4. Físicamente accesible, y la más importante 5. “Asequible”, es decir, que el coste del agua no supere el 3% de los ingresos del hogar. Al fijar un precio máximo o “tope”, que acabaría con el argumento que es necesario tomarla como bien económico de mercado. Solo así se acabarían los goles en posición adelantada “off side” que, como en el caso presente, después son anulados.