Las medidas que anunció en Pensiones, respaldan un aumento progresivo en la edad de retiro en los próximos cinco años, elevar la cotización obligatoria actual de  9% hasta 16%, con base en lo que determinen estudios técnicos, readecuar las reglas del cálculo original de la pensión y limitar los ajustes por aumento en el costo de la vida, para que funcionen bajo las mismas reglas de los otros regímenes de pensiones.

En Pensiones de lujo, estudian la aplicación de “una contribución especial, solidaria, redistributiva y respetuosa de los criterios de razonabilidad vigentes en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” para que sea viable y a la vez evitar que las rebajas mediante este mecanismo sean consideradas confiscatorias y expongan al Gobierno a futuras acciones judiciales que dejen en entredicho su legalidad, por resultar contrarias al derecho de la Constitución.

“Sobre este tema debe tomarse en cuenta que, según el criterio de razonabilidad adoptado en informes de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), basado tanto en el Convenio 128 de la OIT como en criterios de los órganos de interpretación de esta entidad internacional, las deducciones en pensiones no podrían superar un 55% del total devengado” puntualiza la Presidencia de la República.

Añade que por estas razones el gobierno difiere “de lo afirmado en la publicación de La Nación de este 29 de junio, titulada “PAC y PLN echan atrás en débil recorte de pensiones”. Esto por cuanto en realidad ni el Gobierno, ni ninguna de las bancadas legislativas, han pretendido mermar la reducción de las pensiones de lujo”.

 

La nota aclaratoria de la Presidencia, señala que “si bien en algún momento de las negociaciones se previeron parámetros distintos de cálculo para la contribución solidaria, los resultados de su aplicación eran muy similares a los derivados de la originalmente planteada, la cual fue adoptada de nuevo únicamente para favorecer el acuerdo político necesario para la aprobación de las propuestas”.

“Prueba de esto es que, en la última versión de las mociones de estos proyectos, se debió incluir una coletilla que dejara de forma expresa la imposibilidad de aplicar deducciones que globalmente fueran superiores al 55%, respecto del monto bruto de la pensión”, señala la nota oficial.

El Poder Ejecutivo reiteró así “su voluntad de combatir privilegios odiosos, obtener el máximo ahorro posible para las finanzas públicas y procurar la mayor sostenibilidad y equidad de todos los regímenes de pensiones”.

Datos adicionales relevantes

Si bien el Convenio 128 de la OIT no ha sido ratificado por Costa Rica, es válido utilizar la doctrina derivada de este como parámetro de razonabilidad, tal y como lo hace la SUPEN al referirse a regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de darle contenido al concepto de no confiscatoriedad establecido en el artículo 40 de la Constitución Política.

Debe tomarse en cuenta que la Sala Constitucional, en su sentencia 7498-00, ha definido que existe una vigencia y aplicabilidad inmediata y directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el país, sin necesidad de aprobación previa. Lo anterior, interpretando el artículo 48 de la Carta Política. Sobre el tema, el fallo citado establece lo siguiente: “… hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (…), sino cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula.

Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a esta, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense.

En este sentido puede citarse la sentencia N°2000-07484, del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus formulado por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro penitenciario...”