El Consejo de Mayores Bröran, los Recuperadores de territorios ancestrales usurpados y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, emitieron alertas tempranas para informar a las autoridades de las agresiones y amenazas de muerte que estaban sufriendo, por parte de los agresores que el lunes anterior ingresaron al territorio indígena con armas blancas, un tractor y los vehículos en que se movilizan.

La organización  Forest Peoples Programme (FPP) defensora de los pueblos de los bosques a nivel mundial, condenó la falta de acciones del Estado de Costa Rica para proteger a sus pueblos aborígenes Bribri de Salitre y Bröran de Térraba, protegidos desde 2015 por una “incumplida” orden de medidas cautelares emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La FPP, preocupada por el aumento de la frecuencia y la violencia de los ataques, envió una misiva al presidente Carlos Alvarado, dirigida también a la Fiscal General de República, Emilia Navas, los Magistradas y Magistrados de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, y a los Diputadas y Diputados, de Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

Uno de los hechos de violencia extrema que destaca la FPP en la carta que firma el James Whitehead, director de Forest Peoples Programme, es que: “En la última semana, incluso en contexto de pandemia, se han denunciado nuevas agresiones y amenazas en contra de personas indígenas”.

“El 21 de julio de 2020 el indígena Bribri José Enrique Ortiz, fue amenazado por Rodrigo Figueroa Uva, un conocido agresor de su familia, quien lo ha amenazado y atentando contra su vida en ocasiones anteriores.  Al respecto José Enrique manifestó que “tanto Rodrigo como su hermano Eliodoro Figueroa Uva son dos conocidos usurpadores y agresores de indígenas en Salitre, fueron quienes en tres ocasiones nos han intentado asesinar a mi cuñado y líder indígena Minor Ortiz y a mí, producto de esto Minor ahora vive con una bala incrustada en cada pierna. En ese ataque, los agresores fracasaron el impacto de bala en mi contra”. Los mismos agresores, previamente marcaron a Minor en su pecho con un hierro caliente para ganado” describe la misiva.

En el caso de las y los recuperadores la ONG resalta que “Las y los recuperadores Brörán de Crun Shurín (Beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH, y algunos Peticionarios del Caso 14.026 contra Costa Rica) se hicieron presentes en el terreno ancestral usurpado, arriesgando su salud y vida en contexto de pandemia, reclamando sus derechos y protegiendo el territorio. Al llegar al lugar, nuevamente fueron agredidos y amenazados por los usurpadores, una vez más el defensor de los derechos de su pueblo Pablo Sibar fue violentamente amenazado de muerte, por uno de los usurpadores quien entre insultos y actos de violencia le dijo que lo iba matar, y que por hacerlo tenía garantizado una recompensa”.

Todos los agresores citados y otros más gozan de total impunidad pese a las denuncias con nombre y apellidos que existen en su contra en instancias policiales, judiciales e instituciones públicas.

“En este violento contexto, agrega la FPP, se han recibido también constantes denuncias sobre agresiones contra el pueblo Maleku de Guatuso y el pueblo Cabécar de China Kichá. Donde los usurpadores, la semana pasada, incluso formularon amenazas afirmando que “en 10 días va a haber una desgracia”.

Estas agresiones se registraron desde el 20 de julio en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, una realidad que se suma a las agresiones y amenazas de que son víctimas los pueblos originarios costarricenses en sus propios territorios.

AQUÍ EL TEXTO DE LA CARTA QUE FIRMA JAMES WHITEHEAD, DIRECTOR DE FPP

Señoras y Señores: Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, Fiscal General de República, Emilia Navas Aparicio, Magistradas y Magistrados, Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, Diputadas y Diputados, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

En el contexto del aumento de la violencia en contra de las comunidades indígenas, que los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba continuamente denuncian en instancias nacionales e internacionales, siendo ambos pueblos beneficiarios desde el 2015 de una incumplida medida cautelar. Forest Peoples Programme una vez más condena los recientes hechos de violencia y amenazas contra las personas que integran comunidades indígenas.

En la última semana, incluso en contexto de pandemia, se han denunciado nuevas agresiones y amenazas en contra de personas indígenas. El 21 de julio de 2020 el indígena Bribri José Enrique Ortiz, fue amenazado por Rodrigo Figueroa Uva, un conocido agresor de su familia, quien lo ha amenazado y atentando contra su vida en ocasiones anteriores.  Al respecto José Enrique manifestó que “tanto Rodrigo como su hermano Eliodoro Figueroa Uva son dos conocidos usurpadores y agresores de indígenas en Salitre, fueron quienes en tres ocasiones nos han intentado asesinar a mi cuñado y líder indígena Minor Ortiz y a mí, producto de esto Minor ahora vive con una bala incrustada en cada pierna. En ese ataque, los agresores fracasaron el impacto de bala en mi contra”. Los mismos agresores, previamente marcaron a Minor en su pecho con un hierro caliente para ganado.

Estos hermanos, quienes gozan de absoluta impunidad, junto a su padre Heleodoro Figueroa Díaz, en varias ocasiones han prendido fuego a las parcelas indígenas, robado sus cultivos y destruido sus viviendas.  Por años esta familia se ha mantenido agrediendo violentamente a los Bribri, razón por la cual actualmente Heleodoro padre como Eliodoro hijo tienen procesos judiciales abiertos en sede agraria y en sede penal, esta última a pesar de los graves hechos denunciados permanece aún en estado inicial de investigación. Al respecto, ningún juez ha dictado prisión preventiva, ni siquiera después de que el agresor violara las medidas cautelares alternativas que le fueron impuestas, consistentes en no perturbar ni intimidar a las víctimas. Bajo esta continuada impunidad y garantizada repetición, no hay sorpresa de que los agresores continúen atacando a las personas beneficiarias Bribri. La incapacidad o falta de voluntad política del Estado para lograr una sanción efectiva y pronta a los miembros de esta familia Figueroa Díaz/Uva, lo hace cómplice en la violación de la vida e integridad física de los Bribri en Salitre.

Adicionalmente, menos de una semana después, el 27 de julio, se tuvo noticia de una violenta usurpación por parte de Hilda Granados, su pareja e hija, quienes introdujeron maquinaria pesada en un terreno recuperado en Crun Shurín (Tierra de Venados), territorio de Térraba. Los invasores ingresaron un tractor, destruyeron la vegetación y removieron el suelo, además cortaron varios árboles y vegetación en la margen del Río Grande de Térraba, deforestando aproximadamente media hectárea. Hechos que pueden ser catalogados como un desastre ambiental. El terreno directamente afectado es el del Brörán Vinicio Navas Nájera, la invasión y destrucción se dio en la parte colindante con el Río Térraba, ubicada 50 metros norte del puente sobre el Río Escuadra.

Las y los recuperadores Brörán de Crun Shurín (Beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH, y algunos Peticionarios del Caso 14.026 contra Costa Rica) se hicieron presentes en el terreno ancestral usurpado, arriesgando su salud y vida en contexto de pandemia reclamando sus derechos y protegiendo el territorio. Al llegar al lugar, nuevamente fueron agredidos y amenazados por los usurpadores, una vez más el defensor de los derechos de su pueblo Pablo Sibar fue violentamente amenazado de muerte, por uno de los usurpadores quien entre insultos y actos de violencia le dijo que lo iba matar, y que por hacerlo tenía garantizado una recompensa.

En esta ocasión, al igual que en todas las violentas usurpaciones sufridas por los indígenas, ellos debieron correr los riesgos de concurrir al lugar, contactar a los agentes de seguridad y a las autoridades gubernamentales, solicitando el retiro de las personas invasoras. Finalmente, y sin realizar detención alguna a pesar de los numerosos delitos flagrantes cometidos (incluidos delitos ambientales), la policía local sólo negoció la salida de los usurpadores, y hasta ahora han negado a los defensores indígenas el contenido del Informe Policial, lo que les impide individualizar al agresor. Destacamos, la existencia de amenazas, daños a la propiedad y al medioambiente, todos delitos que no fueron reconocidos en su gravedad por la autoridad policial al momento de facilitar la impune salida de las personas agresoras.

Adicionalmente, en este violento contexto se han recibido también constantes denuncias sobre agresiones contra el pueblo Maleku de Guatuso y el pueblo Cabécar de China Kichá. Donde los usurpadores, la semana pasada, incluso formularon amenazas afirmando que “en 10 días va a haber una desgracia”.

Los pueblos, beneficiarios desde el 2015 de una incumplida medida cautelar MC 321/12, han enfrentado el incremento de la violencia en su contra, el asesinato impune de dos de sus líderes, Sergio Rojas y Jehry Rivera, muchos de sus integrantes -incluidas mujeres, niños y niñas - han sufrido amenazas, ataques, lesiones, han sobrevivido intentos de asesinatos, han sufrido el terror de que sus tierras sean incendiadas. Razón por la cual, el pasado 8 de julio los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba acompañados de sus representantes legales reiteraron en una reunión de trabajo con la CIDH y el Estado, la necesidad de que la CIDH se pronuncie sobre la solicitud formulada desde el 2018 para que las personas beneficiadas y en una situación de profundo riesgo cuenten con la protección de Medidas Provisionales otorgada por la Corte Interamericana de DDHH.

El Forest Peoples Programme condena todos los hechos de violencia contra las personas que integran comunidades indígenas, hace un llamado para que:

- Los Estados y la Comunidad Internacional condenen este tipo de hechos.

- Las autoridades estatales, cumplan su deber de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial, independiente y efectiva de los hechos acá informados.

- Se adopten medidas para atacar las causas subyacentes de este tipo de violencia que incluyan: la adopción por parte del Estado de estrategias de prevención de nuevas usurpaciones (como la mencionada invasión de Crun Shurín), y estrategias rápidas y eficaces de desalojo que implique asegurar la integridad de las personas beneficiadas, así como su propiedad ancestral.

- Que el Estado proceda y ejecute el saneamiento territorial de todos los territorios recuperados por las personas indígenas, según el compromiso adquirido por este después del asesinato del líder y beneficiario Jehry Rivera.

- Que el Estado garantice el suministro de agua y electricidad a los recuperadores en tales fincas, de conformidad con lo solicitado anteriormente por ellos.

- Que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de garantizar la vida, integridad y derechos de los Pueblos Originarios. Especialmente que cumpla con las medidas derivadas de las MC 321/12.

- Cordialmente, James Whitehead. Director, Forest Peoples Programme

Este documento fue enviado a:

- Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

- Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

- Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el racismo

- Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de la ONU

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos