El programa acordado con el Fondo en 2018 no sólo era el de mayor magnitud de su historia por el volumen del préstamo (57 mil millones de dólares), sino que además por su nivel de exigencia de ajuste fiscal, uno de los más severos jamás aplicados en un país miembro.

El planteo era revertir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, con un ajuste externo de 3,5 puntos del PBI. Para ello, se provocó una brutal devaluación que llevó el tipo de cambio que estaba en torno a 19 pesos a principios de 2018 al doble, 38 pesos, hacia el final del período.

El costo en materia humana fue escandaloso: aumento de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación. Cierres de industrias y comercios que no soportaron el combo de caída de demanda, tarifazos y alza del costo financiero. Una catástrofe social. Pero con un objetivo que el gobierno puso por encima de todo lo demás: que volvieran los dólares al país, como inversión o como préstamos, ya le daba lo mismo.

La recesión hizo el milagro: en el primer trimestre de este año, la cuenta corriente de divisas (la ventanilla por la que entran y salen los dólares entre el país y el exterior) mostraba que la balanza comercial volvía a ser positiva: las exportaciones superaban a las importaciones por caída de estas últimas. La balanza de servicios seguía en rojo pero bajaba a la mitad el saldo negativo del año anterior (de 3400 millones caía a 1700 millones). Aumentaban los pagos de intereses al exterior (de 4460 millones en 2018 a 4960 millones en 2019) pero, claro, el objetivo era cumplir con los acreedores.

 Y si todo salió como se había planteado, el ajuste brutal se ejecutó como se pretendía, la catástrofe social no provocó la caída del Gobierno, como Dujovne sugirió desafiante, ¿por qué no vinieron los dólares? ¿Cómo se hizo para arrojar al país al default?

Es difícil creer, a esta altura, que “por un descuido” se dejó la puerta abierta para la fuga de divisas dejando que por allí se escaparan los dólares que el FMI proveía a cambio de “tanto esfuerzo”. Es ilusorio pensar que fueron convicciones dogmáticas las que impidieron aplicar las más elementales medidas regulatorias para controlar la salida de divisas.“Ni siquiera ahora, con el replanteo de los vencimientos de corto plazo, se ha acompañado esa decisión con medidas regulatorias para evitar que continúe la fuga; esto es terrorismo económico de Estado, están vaciando las reservas para dejarle tierra arrasada a quien venga después, y además le están haciendo un daño a la economía que no pueden no saber que están causando”, exclamó Alejandro López Mieres, economista, analista de políticas monetarias, al evaluar la situación junto a quien esto escribe.

El programa económico estalló el miércoles, con el anuncio de reprogramación del calendario de pagos de los vencimientos de corto plazo y los de 2021 en adelante al FMI. Las consecuencias se verán de a poco.

Hay empresas que colocaron sus recursos en bonos de corto plazo para sacarle algún rendimiento hasta el momento de su uso, que podría ser el pago de sueldos la semana próxima. Si son títulos en default, no podrán cobrarlos, y no podrán cumplir sus compromisos. Esto puede traducirse en los próximos días en cortes en la cadena de pagos. Luego vendrán las consecuencias de caídas patrimoniales del 60 por ciento o más por desvalorización de títulos públicos o privados. La imposibilidad de refinanciación de deuda para provincias o empresas. Una destrucción de capital masiva con consecuencias, por ahora, imprevisibles.

¿Hasta cuándo seguirá permitiéndose que un gobierno siga las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, cuando los resultados de sus políticas son, con mayor o menor intensidad, siempre los mismos?