La población expuesta a la fumigación no sabe que tiene plaguicidas en sus organismos. Los recibieron por exposición directa, al consumir sedimentos de tanques de agua , partículas de suelo y alimentos contaminados. Y también por vía transplacentaria y lactancia materna cuando eran embriones, fetos y bebés pequeños, pues sus madres almacenaban plaguicidas en sangre y el tejido graso.

Precisamente, desde la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de California (Estados Unidos) iniciaremos este año un estudio en Chaco sobre contenido de plaguicidas en sangre de niños y leche materna.

Se ha observado cómo crece la diversidad de plaguicidas en usos, antiguos y recientes, y la superficie cultivada con transgénicos. Por esta causa aumentan en Argentina los enfermos y las muertes evitables, mayoritariamente sin registrar, y además disminuyen bosques y biodiversidad por desmonte y toxicidad de plaguicidas. La escasa visibilidad de esta problemática se debe a la ausencia de registros y la falta de monitoreo científicos de residuos de plaguicidas.

Lo que no se mide parece no existir, pero existe.

Los gobiernos provinciales, la Nación, las empresas y los productores son responsables. El SENASA sigue autorizando tóxicos sin procedimientos independientes, y sus dos organismos de control de plaguicidas, SIFFAB y SICOFHOR, no controlan o lo hacen mal. Esto lo dictaminó la Auditoría General de la Nación el año pasado.

Las denuncias de malformaciones y casos de cáncer en Chaco, Misiones, Santa Fe y Córdoba hicieron visible el problema. Pero la codicia pública y privada parece valer más que la salud de las personas.

(*Profesor de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba).