Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García este lunes en El Alto, Bolivia. REUTERS

Según lo acordado, si la auditoría encontrara suficientes irregularidades, podría producirse un votación de desempate entre Morales y el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. La oposición considera que se trata de “un engaño” y asegura que no quiere una segunda vuelta, sino una nueva elección general. Incluso, algunos dirigentes reclaman la renuncia inmediata del Gobierno.

Pero la posición de Comunidad Ciudadana sobre la auditoría ha sido incierta: Carlos Mesa la aceptó de forma implícita, pero su candidato a vicepresidente, Gustavo Pedraza, desmintió que la aprobaran como una salida a la crisis actual. El vicepresidente del Gobierno de Morales, Álvaro García Linera, pidió públicamente este martes por la mañana al “candidato perdedor”, Mesa, sumarse al proceso de revisión. Horas después, este preguntó, también a través de la prensa, si dicha auditoría sería “vinculante”. Es decir, si podría cambiar los resultados oficiales del Tribunal Electoral. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, respondió afirmativamente. Al final del día, Mesa no habló de si colaboraría con la OEA, pero aceptó implícitamente lo acordado entre el organismo y el Ejecutivo. “No tengo dudas de que demostrará el enorme fraude que se produjo el 20 de octubre”, dijo. Mesa también recordó que la necesidad de una auditoría se desprende del informe de la misión de observación electoral de la OEA, que establece “irregularidades tan importantes que llevaron a recomendar la realización de una segunda vuelta”.

El informe de la misión centra sus críticas en la suspensión de la transmisión de las fotografías de las actas electorales —para realizar el recuento rápido— durante 24 horas, sin que se sepa con certeza la razón, ya que existen varias explicaciones oficiales diferentes. Cuando este cómputo se suspendió, la distancia entre Morales y Mesa era de siete puntos porcentuales y, de acuerdo a la ley boliviana, debía haber una segunda vuelta. Cuando el cómputo se reanudó, en cambio, Morales superaba por un 10,12% de los votos a Mesa, justo el margen necesario para ganar en primera vuelta. La misión consideró este cambio de los datos “inexplicable” y capaz de afectar seriamente la confiabilidad de las elecciones. El oficialismo lo atribuyó al voto procedente del área rural, que siempre le ha sido favorable.

Ahora una treintena de especialistas internacionales verificarán los cómputos y evaluarán la cadena de custodia del voto y otros aspectos del proceso electoral, sobre el que se centran las acusaciones de fraude que hizo la oposición boliviana. La auditoría de la OEA se realizará mientras continúan las protestas en el país sudamericano. Las manifestaciones incendiaron el país tras la interrupción del recuento rápido y continúan desde entonces con huelgas convocadas en todo el país, aunque solo tienen un seguimiento total en Santa Cruz, Tarija y Trinidad, en el sureste del país. En el resto de ciudades se producen marchas y bloqueos de calles, protagonizados por jóvenes universitarios y bolivianos de clase media.

La situación se ha agudizado desde el pasado lunes, cuando diversos grupos simpatizantes con el Movimiento al Socialismo (MAS) —el partido de Evo Morales— comenzaron a desbloquear las calles por la fuerza. Desde entonces se han producido enfrentamientos diarios con piedras y palos entre manifestantes de ambos bandos. Hay varias decenas de heridos, algunos graves. También los caminos están bloqueados por seguidores del MAS. El Gobierno asegura que no promueve estas acciones, pero existen numerosos indicios en sentido contrario. El propio Evo Morales llamó a los habitantes del área rural a “cercar” las ciudades rebeldes, unas declaraciones que luego otros dirigentes intentaron relativizar.

Las movilizaciones de rechazo a las elecciones han sido convocadas por “comités cívicos” regionales. Estas organizaciones agrupan a representantes de las instituciones económicas y sociales locales, y se han opuesto a Morales desde el comienzo de su gestión. El principal comité cívico es el de Santa Cruz y su principal dirigente, Fernando Camacho, se ha convertido en la figura más visible de la movilización actual. Para él, la auditoría carece de importancia, ya que el fraude fue evidente y lo que el movimiento busca no es una segunda vuelta entre Mesa y Morales, sino una nueva elección, otros comités cívicos piden la renuncia inmediata del gobierno y convocaron “cercos” humanos en torno a las instituciones del Estado.

En respuesta, campesinos y mineros se concentrarán en torno al Palacio de Gobierno con el propósito de “defenderlo”. Será difícil que la auditoría de la OEA logre calmar los ánimos en el país. Los resultados de esta misión se esperan aproximadamente en dos semanas.