La Defensoría de los Habitantes, la Fundación Déjame Vivir en Paz, en la persona de Alberto Cabezas, el Instituto Nacional de las Mujeres y Boris Molina presentaron solicitudes de coadyuvancia para que se declare sin lugar la acción, mientras el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica presentó la solicitud para oponerse a los argumentos de los legisladores.

Los magistrados también aceptaron la coadyuvancia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en calidad de amicus curia, para que se respeten los derechos humanos y tratados internacionales en la resolución de esta acción, presentada en el pasado mes de octubre.

El Poder Ejecutivo emitió el 11 de setiembre el Decreto Ejecutivo No. 39219-MP-S para regular la FIV en el país para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2012 ordenó que se eliminara la prohibición contra la FIV, y además pidió que se regulara la práctica y que el Estado incluyera la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención en salud.

La Sala Constitucional, por votación de cuatro magistrados contra tres, suspendió el Decreto en octubre pasado, al acoger para su estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados, quienes alegan que la FIV solo debe regularse mediante ley y no con un decreto.

El grupo minoritario de magistrados alegó que era improcedente la acción, porque la CIDH conoce un proceso de cumplimiento de la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica. Precisamente el Gobierno de Costa Rica tuvo que informar a la CIDH las acciones que realiza en el tema de FIV para evitar una sanción al país.