La moral totalitaria del diputado Prendas y este tipo de confesiones religiosas es evidente en la negativa a reconocer derechos al resto de la población. (Foto: UNIVERSIDAD/UCR)

Es conocido que ciertos grupos religiosos han alcanzado notoriedad pública a partir de su participación político electoral y de su representación parlamentaria, cuya conformidad con el Derecho de la Constitución es muy discutible, por no decir forzada, a partir de la negativa constitucional, en el artículo 28 del Texto Fundamental, de invocar motivaciones religiosas a la hora de hacer propaganda política, con lo que, se debería volver a discutir la inconstitucionalidad de los estatutos de estas agrupaciones religiosas, en el seno del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala Constitucional, teniendo en cuenta sus efectos perversos sobre la necesaria neutralidad religiosa del Estado, y su relación con las confesiones religiosas, y el goce de otros derechos como la fecundación in vitro, el matrimonio igualitario, e incluso el aborto, cuya regulación es necesaria cuando se pone en peligro la vida de la madre, a causa del embarazo.

Y es que si volvemos al tema de la moral totalitaria, es clara, evidente y palmaria, la pretensión de estas  agrupaciones, religiosas y políticas, así como, de quienes los apoyan, de negar el goce de una serie de derechos para el resto de la población, quienes no tienen la obligación de compartir o defender los mismos postulados morales y religiosos de esas agrupaciones. Al contrario, se niega la libertad de cada individuo de conducirse según su cosmovisión y sus ideales (siempre que no pongan en peligro el orden público o los derechos de los terceros), y su forma de ver el mundo: una moral totalitaria frente a la cual no se puede discernir.

Personalmente, no deseo que en el futuro mis hijos sean perseguidos o censurados a causa de sus ideologías, sino comparten los dogmas, las creencias y los postulados morales de estas agrupaciones. Por el contrario, deseo que mis hijos crezcan en un Estado donde se respete el coto vedado (Garzón Valdés), y encuentren una garantía expedita, efectiva e independiente frente a las posibles afectaciones de sus derechos, de ahí que el principio de laicidad, es decir, la necesaria separación entre el Estado y las confesiones religiosas, se constituye como un elemento indispensable del estado social y democrático de derecho.

De otro lado, el coto vedado, dice el filósofo argentino, es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de cada persona e impide la tiranía de las mayorías (Aristóteles).

Lamentablemente, este escenario de adoctrinamiento forzado, de exclusión y persecución a causa de las convicciones ideológicas y religiosas de cada persona no constituye uno muy lejano del contexto actual costarricense. La educación es un tema capital en esta materia. No debemos dejar de lado el hecho que estamos construyendo, día a día, la sociedad costarricense en la que viviremos en unos diez, quince o veinte años.

Creo, sinceramente, que este tema merece toda la atención de las personas y de las autoridades estatales con competencias en esta materia. Se podría callar, ser complaciente, admitir que París bien vale una misa, pero los ideales que me enseñaron en la Universidad de Costa Rica, de la cual todavía soy parte, y en otras Universidades latinoamericanas y europeas, me obligan a escribir este texto. Mucho por hacer nos falta todavía. Espero que estos comentarios nos llamen nuevamente a la cordura y a vislumbrar a la Costa Rica que queremos.

Artículo publicado en la Revista del Programa de Posgrado en Derecho

(* Víctor Orozco Solano es el Coordinador de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica), (victorozcocr@gmail.com)