La funcionaria explicó que Costa Rica accedió a permitir la permanencia en su territorio de los transportistas hasta por cinco días, con el objetivo de que puedan regresar con carga.

El gobierno costarricense había establecido una serie de restricciones para tratar de controlar la propagación del Covid-19, que este país ha podido mantener en niveles bajos tanto de contagio como de fallecimientos.

Las medidas preveían que los transportistas dejaran las cargas en las fronteras terrestres cuando éstas se quedaban en el país, o bien la formación de caravanas con vigilancia policial para que los camiones hicieran el recorrido a lo largo del territorio nacional cuando los camiones llevaran carga desde Nicaragua hasta Panamá o viceversa.

Las medidas fueron adoptadas por las autoridades sanitarias costarricenses luego de que un elevado número de transportistas diera positivo a la prueba del Covid-19.

Jiménez explicó que el principal escollo para un acuerdo había sido que los transportistas de los demás países centroamericanos no aceptaban dejar la carga en la frontera y regresar con su cabezal (sin nueva carga) porque eso incrementaba de manera muy significativa el costo del transporte.

Dicho incremento -agregó- se traslada a los importadores o exportadores y, finalmente, al consumidor, agravando la situación de muchos sectores golpeados económicamente por la pandemia.

En reciprocidad, Nicaragua decidió cerrar su frontera con Costa Rica y eso produjo una virtual paralización del transporte terrestre al menos en la parte sur de la región.