El argumento que plantean las organizaciones ambientales, proyectos de recuperación de desechos y comunidades que podrían verse afectadas con la puesta en marcha de las plantas incinerados de gran capacidad que están previstas para ser instaladas en varios puntos del país, llama la atención sobre la forma unilateral en que se elaboraron y se tomaron los acuerdos sin la participación de actores tan importantes como los que se oponen a la firma del Reglamento.

“Esto va en contra de una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones”, señaló el líder ambientalista Fabián Pacheco, al entregar la solicitud al presidente Solís, este jueves en Casa Presidencial.

Pacheco recordó al presidente que este fue uno de sus compromisos de campaña, ratificado en el Pacto Ambiental, en el que se señala: “desestimar cualquier forma de transformación térmica de residuos en el país, hasta tanto no se demuestre su inocuidad para la salud pública y no se haya logrado establecer a nivel nacional, casa por casa, urbanización por urbanización, cantón por cantón, una cultura hacia el rechazo en el consumo, reducción, reutilización y separación de residuos valorizables como hábito social” (Ver Pacto).

El especialista Ronald Arrieta, de la Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica, puntualizó en las amenazas para la salud de la población por el uso de incineradores como salida “mágica” para las municipalidades que no quieren comprometerse con un trabajo responsable al lado de sus comunidades, para darle una solución ecológica integral a los desechos municipales.

Arrieta señaló que “en esta carta queremos poner de relieve los graves impactos a la salud humana, al medio ambiente y a la economía nacional si se permite la instalación de incineradoras o de cualquier otro proceso de combustión térmica para dichos objetivos, ya sean de gasificación, de pirolisis o plasma”.

“Las empresas incineradoras plantean que aplicarán los controles más estrictos, pero los contaminantes orgánicos persistentes liberados, tarde o temprano acabarían aumentando su concentración tóxica en la cadena alimenticia debido a que son bioacumulables”, explicó en contra de los argumentos que usan los empresarios de la incineración para atenuar el impacto de la información científica disponible sobre esta materia.

“La carta da cuenta también de estudios recientes sobre el aumento de la incidencia de cáncer y otras enfermedades en lugares aledaños a las incineradoras; así mismo, sabemos que, por más filtros que se instalen, los ecosistemas se verían afectados y la imagen del país como país verde y sin ingredientes artificiales sería, inevitablemente, cuestionada incidiendo negativamente en el ecoturismo y el turismo de salud”, agregó Mariel Pinel de la Alianza Hacia Basura Cero-CR.

Pinel dijo que el reciclaje no solo contribuye a solucionar el enorme problema del manejo de los residuos municipales sino que favorece la reducción de emisiones conocidas como gases de efecto invernadero.

Sobre las consecuencias laborales y sociales de permitirse el uso de estas técnicas, la dirigente del movimiento de organizaciones recuperadores de Costa Rica y miembro de Alianza Global de Recicladores y Aliados, Marlene Chacón, señaló que “nuestro trabajo se vería prácticamente eliminado por los contratos de las municipalidades con las empresas incineradoras. El número de empleos que dicen se generarán, no es comparable con los que se perderán”.

Los Alcaldes y los empresarios sostienen que solo gasificarán lo que no se pueda reciclar y que van a compostar o reutilizar un buen porcentaje de los desechos.

Esta promesa, no concuerda con la necesidad de las empresas de recuperar la inversión y obtener utilidades. Hace unos meses Coopelesca desistió de la idea de instalar una gasificadora para producir energía eléctrica en San Carlos, porque, después de haber invertido 32 millones de colones en un estudio de prefactibilidad se concluyó que la inversión sería de alrededor de $36 millones de dólares y requería de una producción mínima de 150 toneladas diarias de basura muy superior a los que se registra en el vertedero al que solo llegan 80 toneladas”, dijo Iván Mora, de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

Estos y otros argumentos están en la carta dirigida al presidente Solís por el movimiento Hacia Basura Cero-CR que está acompañada por más de mil firmas de costarricenses que se unieron a la petición.

Hacia Basura Cero-CR, urgió al Mandatario que se acelere la implementación de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para Costa Rica (Ley GIR 2010), mediante un proceso de participación y consulta pública transparente, tal como lo señala la ley 8839, que incluya una Estrategia de Basura Cero y que excluya la incineración y otras tecnologías de tratamiento térmico similares.

Esta Alianza, constituida en un cien por ciento de personas voluntarias, se pone a la disposición para compartir los principios de Basura Cero en la construcción de planes y programas municipales, en la medida de nuestras posibilidades e insta a la población en general a mantenerse informada sobre la situación en sus cantones.

Más info: haciabasuracero@gmail.com,
Carta: http://www.feconcr.org/doc/0basura/cartapresidenteINCINERACION.pdf.