El Informe sobre la evolución fiscal y presupuestaria del sector público, en el primer semestre de 2015 de la Contraloría General (CGR), fue presentado por Federico Castro, Gerente del Área de Servicios de Administración Financiera de la CGR, este lunes.

En el apartado sobre la evolución fiscal, apunta que las finanzas públicas “continúan debilitándose” y que el Banco Central (BCCR) estimó el crecimiento del déficit de Gobierno Central en un 5,9% del PIB para este año y 6,6% en 2016, “situación que preocupa a todos los sectores, y que la Contraloría General República (CGR) ya había remarcado como tema urgente en su Memoria Anual 2014”.

“Sin medidas que conlleven a reducciones sustanciales en el gasto y un aumento en la carga tributaria, el déficit fiscal continuaría creciendo al igual que la deuda gubernamental (pudiendo alcanzar el 45% el próximo año)”.

El resto del Sector Público, dice el informe con relación a otras instituciones del Estado que no son del gobierno central, “con la salvedad principal del Banco Central (BCCR), presentan un comportamiento de leve superávit financiero”.

Se deben “ejecutar medidas adicionales de carácter estructural, para controlar el crecimiento del gasto, principalmente las remuneraciones y transferencias, y aumentar la recaudación tributaria, mediante una efectiva gestión tributaria y reformas que se requieren al marco jurídico, en forma perentoria”.

La CGR, rescata algunos esfuerzos como los realizados por el Gobierno de la República y diputados para “controlar el crecimiento del gasto y a avanzar hacia una mayor efectividad en la recaudación de ingresos, el combate a la evasión y la elusión” pero enfatiza en que son insuficientes y recomienda “adoptar con urgencia acuerdos y decisiones para atender el grave problema fiscal que enfrenta el país”.

Sobre la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado puntualizó que al 30 de junio, el sector público había ejecutado ingresos por ¢12.390.067 millones mientras que los egresos ejecutados alcanzaron los ¢9.518.660 millones. Lo que representa un 3,5% más a la que se registro a junio 2014.

Gobierno Central

El gasto total sin amortización como porcentaje del PIB aumentó del 9,4% en 2014 al 9,8% en 2015. No obstante este porcentaje, la tasa de crecimiento se reduce del 11,7% en el primer semestre 2014 a un 9,9% durante el primer semestre del 2015.

En el gasto primario –sin intereses de deuda ni amortización- el cambio a la baja es más notable, pues la tasa de crecimiento pasa de 12,4% a 8,4%; no obstante, igualmente el cociente gasto/PIB sube de 8,2% a 8,4%.

La ejecución de gastos totales del Gobierno Central en el primer semestre 2015 fue 19% mayor que la observada en el mismo período de 2014; sin considerar el servicio de la deuda pública, el incremento se ubicaría en un 8,5%.

Las remuneraciones. De acuerdo con el informe de la Contraloría, este es el principal rubro con una ejecución de ¢1.053.354 millones. La variación observada respecto a junio 2014 es de un 9,5% nominal (8,4% real), que contrasta con una inflación acumulada del 0,08% a junio de este año.

Servicio de la Deuda. Se observa una variación importante en la amortización (53,9%) y los intereses (19,6%), asociadas al Servicio de la Deuda; a pesar de los canjes de deuda realizados por el Ministerio de Hacienda, el perfil de vencimientos muestra una concentración importante para este año, al tiempo que para 2015 se tiene programado la cancelación de dos cupones correspondientes a la colocación de eurobonos.

Transferencias del Gobierno Central. El gasto en este rubro al 30 de junio asciende a ¢1.225.783 millones (crecimiento nominal del 8% con respecto al 30 de junio 2014). Este crecimiento es inferior al observado en los últimos cuatro años; sin embargo, el gasto en las transferencias, presenta crecimientos superiores al crecimiento de la producción y del nivel general de precios.

Del total de transferencias devengadas, las pensiones representan cerca del 29%, lo que evidencia que la dimensión de su cuantía y su posible incremento –dado el envejecimiento poblacional– requiere de un monitoreo técnico riguroso y constante sobre la sostenibilidad de los regímenes de pensiones.

La Contraloría ha señalado la necesidad de modificar la legislación en materia de destinos específicos para ajustarla a la realidad económica y social del país.

Gasto Social. A junio de 2015, se han devengado ¢1.707.992 millones en gasto social, para una variación del 9,1% respecto al primer semestre 2014. Como porcentaje del PIB, la inversión social del Gobierno se ha mantenido en los últimos tres años cercana al 6%.

Durante el primer semestre del año en curso, dentro del total del gasto devengado en gasto social, los rubros más importantes son educación (61%) y protección social (pago de pensiones entre otros) un 31%; el gasto en salud representa el 7%, mientras que otros gastos sociales alcanzan el 1%.

Remuneraciones

Sobre el delicado tema de las remuneraciones a los servidores públicos, al primer semestre de 2015 el gasto del sector público en remuneraciones fue de ¢2.538.638 millones, monto que representa un 8,8% del PIB estimado para 2015. Un 7,4% más que durante el mismo período del año anterior.

Las cinco instituciones con mayor gasto en esta partida para el período en análisis son: el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica.

Uno de los puntos medulares en la discusión sobre el empleo público es la coexistencia de múltiples esquemas remunerativos y la diversidad en los incentivos existentes. Para casi todos los grupos, los incentivos salariales crecen a tasas superiores que las remuneraciones básicas, con excepción de las instituciones públicas financieras (IPF).

Para los efectos de largo plazo de la política salarial, se debe considerar también su complejidad en el sector público, al existir encadenamientos de unas remuneraciones a otras, como ocurre en el caso de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas (Ley No. 6836).

En esta materia, la Contraloría hace el énfasis en la urgencia de un mayor compromiso para atender este tema y en la necesidad de llegar a acuerdos que hagan posible haces “las reformas pertinentes, en materia de empleo público”.

La deuda del sector público y del Gobierno Central

Otro de los temas delicados y de urgente atención, donde la Contraloría también recomienda llegar a acuerdos nacionales sobre las finanzas públicas. El saldo de la deuda del sector público, a junio 2015, alcanzó un monto de ¢16.390.122 millones, equivalente a un 58,0% del PIB, con crecimiento del 10,3% con respecto al saldo del mismo periodo del 2014.

A junio de este año, la deuda del Gobierno Central alcanza un monto de ¢11.593.030 millones, reflejando un crecimiento nominal de 10,5% (41% del PIB). El 75% de estos, corresponde a pasivos internos, y el 25% a créditos con organismos internacionales para financiar proyectos de inversión y a la colocación de bonos en el mercado internacional.

Adicionalmente, en el informe se analiza la ejecución de 12 instituciones del sector público, así como de los gobiernos locales.

Contexto Económico. La economía mundial apunta hacia un moderado crecimiento del 3,3% en 2015 según el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de una revisión a la baja respecto a las proyecciones de inicio de año. Para Costa Rica, en julio el Banco Central corrigió a la baja su estimación de crecimiento económico para este año al ubicarla en 2,8%, frente al 3,4% estimado en enero.

La inflación acumulada a junio alcanzó el 0,08%, las tasas de interés se redujeron levemente y el tipo de cambio se mantuvo estable. Variables que muestran un panorama económico estable. Mientras que para 2016, el Banco Central prevé un mayor crecimiento de la economía aunque advierte sobre algunas señales de riesgos de orden interno y externo que podrían incidir sobre el crecimiento del país.

(Encuentre el informe siguiendo el vínculo: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/evol_fiscal/2015/file....)