La información fue proporcionada por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), manifestó el aspirante del PAC.
Esto significa, según dijo Alvarado en conferencia de prensa, que Castro se está comprometiendo con un sector empresarial que no desea que se resuelva el problema de la movilidad urbana que agobia a Costa Rica.
"Uno de los principales problemas que los costarricenses y la generación nueva quieren que se resuelva es el del transporte público, porque son insoportables las presas, porque los servicios no son los deseados”, manifestó.
En su programa de gobierno, Alvarado ha privilegiado el desarrollo de una red ferroviaria moderna que permita reducir el uso del automóvil y aliviar la tremenda presión que afecta a nuestras calles, especialmente en los centros urbanos.
Si bien hay mucha gente, incluso parte del sector de transportistas, que quiere que se resuelva, hay otra gente que no quiere. Y también sabemos que la práctica de la política tradicional ha sido que los grandes de este sector financian las campañas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que viene con estos permisos y estas concesiones depende de la influencia política", aseguró Alvarado.
Salim Simaan es un empresario costarricense de origen libanés que ha sido concesionario de varias líneas de autobuses en el área metropolitana. En mayo pasado solicitó a la ARESEP un alza en la tarifa de buses de La Uruca, argumentando que de no darse la empresa podría entrar en situación de quiebra. La ARESEP rechazó la solicitud por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos para una revisión de ese tipo.
En junio, el servicio de transporte de la Uruca y comunidades aledañas fue suspendido por la empresa de Simaan durante 24 horas como medio de presión para lograr el aumento de la tarifa, medida que tampoco dio el resultado deseado.
En julio, Simaan renunció a otras concesiones, como las de Barrio La Cruz Barrio Escalante y Barrio México, con el mismo argumento de que no le era posible operarlas con la actual tarifa.
