Este hecho trascendental en la modernización del sistema judicial costarricense, introduce la oralidad en los juicios en materia civil, lo que permitirá que se encuentren frente a frente los jueces, los afectados y los demandados, acortará los tiempos de resolución y le dará “un rostro humano a los litigios”, señaló la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez.

El presidente Solís, la ministra Sánchez y la presidenta de la Corte Suprema, Zarela Villanueva, explicaron los alcances de los contenidos legales y las consecuencias judiciales y sociales de la reforma que entrará en vigencia en el segundo semestre de 2018, en el acto oficial que se realizó este miércoles en el auditorio de la Corte, en presencia de numerosos jueces y ex jueces, juristas, diputados y ex diputados, autoridades de gobierno, funcionarios judiciales e invitados nacionales y extranjeros.

El mandatario Solís exaltó la capacidad de los costarricenses de llegar a acuerdos para realizar los grandes cambios que han moldeado al país y lo han llevado a ser lo que Costa Rica es hoy.

“La firma del Código Procesal Civil que sellamos hoy con un gran acuerdo nacional, es un hito histórico y jurídico que viene a fortalecer los acuerdos necesarios que requiere la Patria para seguir en la senda de una sociedad justa, equitativa y democrática” dijo Solís quien subrayó “la misión del Gobierno que dirijo de impulsar las reformas al Sistema Democrático de Derecho requeridas por nuestro país”.

Hace solo diez días, el Ejecutivo firmó el nuevo Código Procesal Laboral, que representa la más importante legislación laboral desde la promulgación, en 1943, del Código de Trabajo.

Solís elogió el trabajo que durante años realizaron la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo con la participación de las universidades públicas, comisiones especiales, personas, instancias técnicas que fueron convocadas desde 1998 hasta ahora, para lograr un Código Procesal Civil que rompe el cordón umbilical con el código vigente, atado al modelo español del Proceso de Enjuiciamiento Civil del Siglo XIX, uno de los más atrasados del mundo, según señaló.

La ministra Sánchez explicó que los principales objetivos del nuevo Código son “dotar al sistema jurisdiccional de un proceso ágil y humano, en el cual se reduzcan drásticamente los tiempos de duración de los litigios, brindando, a su vez, la oportunidad de efectuar audiencias orales en las cuales se practique directamente la prueba, se escuchen las alegaciones de las partes y se proceda a dictar una resolución más certera”.

El proceso de litigio contará con una sola instancia de apelación en la Sala de Casación para impedir que se sigan repitiendo procesos interminables. Se procura “alcanzar una justicia más célere, más humana, más oportuna y más transparente” dijo.

Sánchez recordó que el nuevo Código Procesal Civil se viene gestando desde 1998 en un proceso en el que han estado comprometidos el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, “supone una muestra de confianza de la institucionalidad hacia el Poder Judicial, en su capacidad de llevar a nuestro país hacia modelos cada vez más crecientes de desarrollo, en la medida en que se reduzca y acelere la solución de problemas derivados de la convivencia social”, acotó.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Zarela Villanueva, destacó que Costa Rica esta viviendo la puesta en marcha de la reforma que moderniza se sistema de administración de la justicia con la rúbrica de los Códigos Procesal Laboral (diez días atrás) y Procesal Civil y adelantó que pronto se hará lo mismo con los Códigos de Familia y Agrario.

La Magistrada puntualizó en la necesaria adaptación de toda la estructura judicial previo a la entrada en vigencia de los nuevos Códigos Procesales que tendrá un costo adicional e hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que exista conciencia entre los legisladores para aprobar los recursos que la judicatura necesita para llevar a cabo la reforma.

Por otra parte, Villanueva se refirió a la cantidad de casos que ingresan a los juzgados del país en materia civil, que reflejan la alta judicialización que registran los asuntos patrimoniales. En 2014, ingresaron más de 646 mil 700 demandas por cobro judicial. Y en 2015, los casos resueltos por cobro judicial fueron 133 mil 765. Uno de cada ocho personas enfrenta un juicio de este tipo en nuestro país, señaló Villanueva. “Esto habla de la alta judicialización y los números hablan de una crisis social que hay que atender”.

El magistrado de la Sala Primera, William Molinari Vílchez, quien participó en la elaboración del Código, explicó que “es una herramienta esencial para procurar una justicia moderna que tiene como punto sustancial de la reforma, la oralidad. En los casos de demandas por cuestiones patrimoniales, superamos la calidad del debido proceso y logramos una justicia más cercana entre las partes, más oportunidad de defensa, de ser escuchado, de que el juez que tiene usted ahí de frente tenga la posibilidad de conocer el tema de fondo y las reacciones de la gente. En definitiva, es un tema de respeto a los derechos humanos”, afirmó.