La Sala IV consideró que, por razones constitucionales, el tema debe ser regulado por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, pero a la vez declaró urgente cumplir con la sentencia de la Corte IDH, que hace tres años ordenó al país restablecer este derecho.

En declaraciones a la prensa, el magistrado Fernando Sánchez dijo que el país no puede seguir postergando el cumplimiento de dicha sentencia, que obligó al país no solo a regular la aplicación de la técnica a las mujeres costarricenses con problemas de fertilidad, sino también a que lo haga la Caja Costarricense del Seguro Social.

La Casa Presidencial, por medio del jefe del departamento legal Marvin Carvajal, expresó que respeta la decisión de la Sala IV y que se abocará de inmediato a trabajar con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa en la búsqueda de un consenso.

Carvajal señaló, sin embargo, que es preocupante que el estado costarricense siga incumpliendo la sentencia de un tribunal internacional de derechos humanos, de cuya creación además fue propulsor y del cual es sede.

La fecundación in vitro fue prohibida por la misma Sala Constitucional en el año 2000. Un grupo de familias afectadas plantearon una demanda ante la Corte IDH, la cual les dio la razón en una sentencia dictada en noviembre de 2012.

Desde entonces, varios proyectos de ley para regular la fecundación in vitro han fracaso en el plenario legislativo, debido a la oposición rotunda de los diputados evangélicos.

A la fecha, los cuatro legisladores pertenecientes a esas denominaciones religiosas siguen opuestos a que se apruebe la fecundación in vitro y amenazan con bloquear la votación interponiendo un número ilimitado de mociones.