La actuación de los miembros del Consejo de Concesiones es un delito en flagrancia, se esta cometiendo a plena luz del día, se está comunicando a la sociedad las intenciones delictivas de pagar lo que no se debe, con desprecio absoluto a una investigación que está llevando la Fiscalía Anticorrupción, por la sobrevaloración de la concesión, el traspaso ilícito de una licitación pública incumplida a un tercero, la simulación de un pago inexistente, y el evidente tráfico de influencias en donde participaron los más prominentes miembros de nuestra corrupta clase política coludidos con O.A.S. para estafar a toda Costa Rica.
Lo más extraño de todo, lo digo con absoluta sinceridad es que no exista en el país uno solo de estos políticos que quiere ocupar la presidencia que se pronuncie en contra y de manera frontal al delito de pagarle a una empresa corrupta con dinero público lo que nunca se gano.
No existen voces disientes de la gran prensa costarricenses para denunciar este nuevo delito que se realiza con descaró en contra de los ciudadanos. No existen voces de los gremios en contra de semejante acción criminal. No existe un solo Magistrado, Juez o Fiscal que con temple de acero, haciendo honor a su juramento de defender la Ley ordene la detención de los miembros del Consejo de Concesiones para evitar el flagrante delito, que se está cometiendo, con desparpajo a vista y paciencia de todos ellos, quienes guardan el más grande, deshonesto y preocupante silencio cómplice.
Cuando yo hablo que la separación de poderes en la Costa Rica de hoy cuando se trata de delitos de cuello blanco desapareció, he de decir que pareciera que también le pusieron mordaza a los gremios y a la prensa. Hasta donde ha llegado el deterioro de nuestra moral ciudadana que permitimos que un delito se consuma frente a nuestras narices y no hacemos nada, y quienes tienen el deber de denunciar y perseguirlo encerrando a los culpables se hacen de la vista gorda y dejan que la corrupción desbordada e impune se institucionalice en esta Costa Rica, que parece ha dejado el norte de ser paradigma democrático y de seguridad jurídica, para convertirse en un país igual de cuestionable en sus instituciones al resto de los de esta sufrida América Latina, en manos de charlatanes, traficantes de influencias y coimeros.
El pueblo no puede permitirle a estos políticos semejante comisión de delito flagrante, avisado, documentado, descarado realizado por quienes lo llevan adelante, confiados en la impunidad acordada y convenida.
A los ciudadanos no nos queda otra opción que defender las leyes por nuestra mano, recurriendo a todos los medios democráticos y lícitos para evitar un acto de gobierno, que de concretarse sería la coronación institucionalizando la corrupción y al abuso de poder.
Advertimos a estos políticos depositarios transitorios del poder, que los ciudadanos tenemos un Derecho a la resistencia reconocido a todos los pueblos frente a gobernantes que han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil.
