Este martes se cumple el plazo ofrecido por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, a más de cien familias, unas 300 personas, desalojadas de la finca Chánguina, Palmar Sur, entre el jueves y sábado anterior, para empezar a implementar la ayuda de emergencia a los pobladores que continuaban acampando en un carril del puente del río Térraba, en la carretera Interamericana. Alfaro se encuentra en Palmar Sur con funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del IMAS.

El desalojo, que provocó la emergencia social, fue ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo en el marco de un proceso planteado por el empresario Oscar Echeverría Heigold, que reclama la propiedad de los terrenos.

Pero el conflicto ha dado un giro en las últimas horas, el diputado Gerardo Vargas Varela y dirigentes de la zona, refutan la legitimidad del reclamo de propiedad de este empresario.

Vargas Varela, diputado del Frente Amplio, señaló que el desalojo se llevó a cabo aún cuando la Procuraduría General de la República había solicitado al Tribunal Contencioso “una medida cautelar provisionalísima para suspender de inmediato el desalojo, alegando que existen elementos para cuestionar la validez del reclamo del empresario Oscar Echeverría Heigold”.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Comité de Lucha por la Tierra en el Sur, el Comité de lucha de Finca Chánguina, CooTraOsa RL, por su parte, sostienen que la tierra le pertenece a los campesinos e insisten en maniobras del empresario para despojarlos de sus legítimos derechos.

En la zona sur los conflictos por la tierra se han vuelto un tema recurrente, principalmente, en los Terrritorios indígenas que denuncian constantes invasiones y usurpación de sus tierras por parte de empresarios, instituciones y personas no indígenas que diezman las reservas destinadas a los pueblos autóctonos de nuestro país.

Causas del conflicto

En un estudio histórico sobre las causas del conflicto por la tierras en el sur de la provincia de Puntarenas, el dirigente político de Pérez Zeledón, Ricardo Hernández Mora, ventila la trama de los hechos que han llevado a los campesinos a la situación de hoy: despojados, en la calle y en la más absoluta pobreza.

El artículo titulado Palmar Sur: ¡la Yunai nunca se fue!, retrotrae el conflicto a 1985, año en que gobernaba Luis Alberto Monge, del Partido Liberación Nacional.

Sus primeras frases -usamos el mismo término del autor- son mortíferas, pues afirma que en la actualidad el Banco Nacional, la Fuerza Pública, Casa Presidencial, el Inder, y la empresa de Echeverría, Bananera Térraba, son los que despojan de sus tierras a los campesinos de la Zona Sur.

En el origen: “en la Navidad de 1985, la mortífera United Fruit Company (Mamita Yunai) sale de Costa Ri$a aduciendo que el negocio del banano ya no era “rentable” y que las pérdidas deberían ser asumidas por las y los trabajadores, los cuales fueron despedidos/as sin ningún tipo de garantías laborales”.

Los trabajadores inician las negociaciones con el gobierno para que les entregue las tierras en compensación de las deudas de la United Fruit Company pero el gobierno tenía otros planes, señala Hernández Mora, ex candidato a diputado del Frente Amplio. Obliga a los ex trabajadores de la Yunai a formar cooperativas agrícolas para trasladarles las tierras para la producción de cacao y palma aceitera.

“Las Fincas 2 y 4 (387 hectáreas), por ejemplo, fueron entregadas a cooperativas, entre estas COOPALCA del Sur, conformada por familias de ex-trabajadores, ex-trabajadoras de la Yunai”.

En 1991 COOPALCA del Sur que producía cacao, entra en crisis y pone en evidencia que el proyecto del gobierno era insostenible. Las pérdidas eran incalculables. El Estado interviene y les propone un trato. COOPALCA del Sur le arrienda sus tierras a la Bananera Térraba y esta era autorizada para hipotecar la finca con el Banco Nacional. Los préstamos eran para financiar la producción de la Bananera Térraba, propiedad de Oscar Echeverría Heigol, también dueño de Autos Británicos (Land Rover).

“Los campesinos tuvieron que “alquilar” su tierra y se convirtieron en mano de obra barata para la nueva “Mamita Yunai”, ahora con el nombre de Bananera Térraba: Echeverría Heigol era el nuevo patrón, y estaba apoyado por el Estado” apunta el autor.

Tras 10 años caóticos, en el 2001, los trabajadores van a huelga para exigir a Echeverría Heigol el pago cuantioso de salarios atrasados y el respeto de sus derechos laborales. Después de 2 meses de huelga, el empresario soluciona el problema despidiendo a todos los trabajadores sin derecho a prestaciones.

“Así las cosas, los trabajadores y trabajadoras deciden tomarse (recuperar) su finca y ponerse a cultivarlas ellos y ellas mismas, como una forma de compensar todos los dineros que les adeudaba Echeverría Heigol”.

Hernández Mora aporta una serie de datos históricos que dan cuenta del precio pagado con la sangre de campesinos de las tierras que después de décadas de lucha, siguen siendo considerados por empresarios voraces como un botín.

Reproducimos completo el estudio de Hernández Mora: Palmar Sur: ¡la Yunai nunca se fue!

COSTA RI$A: BANCO NACIONAL, FUERZA PÚBLICA, CASA PRESIDENCIAL, INDER Y “BANANERA TÉRRABA” DESPOJAN DE SUS TIERRAS A CAMPESINXS DE LA ZONA SUR

Palmar Sur: ¡la Yunai nunca se fue!

En la Navidad de 1985, la mortífera United Fruit Company (Mamita Yunai) sale de Costa Ri$a aduciendo que el negocio del banano ya no era “rentable” y que las pérdidas deberían ser asumidas por las y los trabajadores, los cuales fueron despedidos/as sin ningún tipo de garantías laborales.

Unos meses antes, en julio, se había dado una huelga contra la Yunai, eran 8.000 trabajadores y trabajadoras de las regiones de Palmar, Coto y Golfito.

A los 14 días de huelga, el 24 de julio de 1984, la policía intervino en contra de los huelguistas, matando a Franklin Guzmán Guzmán e hiriendo a un número indeterminado de personas. A los 38 días de huelga, la policía disparó nuevamente, causando ahora la muerte de los huelguistas Luis Rosales y Jesús Rosales e hiriendo a otras diez personas.

Aún así, luego de esta brutal represión por parte del Estado costarricense, en el gobierno de Luis Alberto Monge, los trabajadores y trabajadoras sostuvieron la huelga por 34 días más. Con la salida del país de la Yunai, 20.000 personas fueron dejadas sin ingresos de una semana a otra.

Ante esta situación, el Estado no procede a hacer entrega de estas tierras a los y las trabajadoras, en compensación por los dineros adeudados por Yunai, sino que las traspasa a algunas de sus instituciones con el argumento de echar a andar proyectos productivos. Entre estos proyectos estaba la “adjudicación” de tierras a ex-trabajadores para la siembra de cacao y palma aceitera. Las llamadas Fincas 2 y 4 (387 hectáreas), por ejemplo, fueron entregadas a cooperativas, entre estas COOPALCA del Sur, conformada por familias de ex-trabajadores, ex-trabajadoras de la Yunai.

Para 1991, COOPALCA del Sur entra en crisis. El Estado había impulsado a las y los trabajadores bananeros a meterse en la siembra de cacao, pero con los años se fue evidenciando que el proyecto era insostenible y las pérdidas de los ahora campesinos y campesinas, eran ya incalculables. El Estado interviene nuevamente, y le vende la siguiente idea a los y las campesinas: “volver a sembrar banano”. El trato era el siguiente: COOPALCA del Sur le arrendaba sus tierras a la empresa Bananera Térraba y esta era autorizada para hipotecar la tierra con el Banco Nacional. Los dineros fueron entregados a la empresa bananera bajo el argumento de que requería fondos para el cultivo del banano.

La Bananera Térraba es propiedad de Oscar Echeverría Heigol, dueño de Autos Británicos (Land Rover), quien además de regalarle un vehículo Range Rover 4x4 de 30 millones de colones al empresario, político y expresidente Oscar Arias, le debe al Estado 3.400 millones por deudas que mantuvo con el extinto Banco Anglo (estatal). Ah, y otros 359 millones a la CCSS (Seguridad Social) por cuotas obrero-patronales de sus trabajadores/as.

Rápidamente, los trabajadores y trabajadoras no sólo tenían que “alquilar su tierra”, también tuvieron que empezar a ser mano de obra barata para la nueva “Mamita Yunai”, ahora con el nombre de Bananera Térraba: Echeverría Heigol era el nuevo patrón, y estaba apoyado por el Estado.

En el 2001, los trabajadores y trabajadoras de la Bananera Térraba deciden irse a huelga para exigirle a Echeverría Heigol el pago de salarios atrasados y el respeto de sus derechos laborales. Después de 2 meses de huelga, Echeverría Heigol soluciona el problema despidiendo a los y las trabajadores/as sin derecho a prestaciones.

Así las cosas, los trabajadores y trabajadoras deciden tomarse las tierras de la finca y ponerse a cultivarlas ellos y ellas mismas, como una forma de compensar todos los dineros no pagados por Echeverría Heigol.

En 2007, siendo presidente Oscar Arias (el amigo de Echeverría Heigol y del mismo partido político que Luis Alberto Monge - PLN), el Estado anuncia la construcción del Aeropuerto Internacional del Sur, el cual pretende llevar a la Zona Sur del país la destrucción ambiental y explotación laboral que acompaña a la Industria Turística local. Precisamente, dicho aeropuerto se pretende construir sobre los terrenos de las Fincas 9 y 10, colindantes con la Finca Térraba (Fincas 2 y 4), y donde también el Estado pretende despojar a los y las campesinas, sólo que ahora a través del INFOCOOP y el INDER.

No debemos olvidar, que otro de los atractivos de las tierras en disputa, es que en ellas se encuentran las famosas Esferas de Piedra del Diquís, las cuales a partir de su declaratoria por la ONU (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad, han sido visualizadas por la Industria Turística local como una tabla de salvamento ante la imposibilidad de continuar llevando turistas a la hoy devastada Guanacaste.

A pocos kilómetros de allí, en Sierpe, el MINAE ha ordenado el desalojo de más de 1.000 personas, aduciendo que el pueblo entero se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre, es decir, tierras que el Estado está facultado para concesionar a la Industria Turística. Por el momento, los y las pobladoras se encuentran a la espera, aunque han reiterado en diversas ocasiones que “harán hasta lo imposible para detener este desalojo”.

El 25 de septiembre de 2014, el campesino de 62 años, Marco Tulio Solís Hernández, miembro de la toma de tierra establecida desde hace 10 años en la Finca Chánguina (110 hectáreas), fue amarrado y amordazado por un grupo de guardias privados (paramilitares), con armas de grueso calibre, pagados por empresarios que han venido adueñándose de varias fincas en el distrito ex bananero del Palmar. Luego le dispararon en el estómago utilizando una escopeta. Su esposa Seferina Escalante de 65 años y vecinos/as relatan que los culpables han estado atemorizando a estas poblaciones, pero el Ministerio Público (fiscalía) no ha hecho nada al respecto.

Desde el 17 de julio de 2015 el Estado, a través de la Fuerza Pública y su unidad Antimotines, se encuentra aplicando un proceso de despojo gradual en Finca Chánguina, en supuesto acatamiento de una orden judicial de desalojo contra los y las campesinas. La Finca Chánguina también es reclamada por el “empresario” Oscar Echeverría Heigol. Mientras tanto, los y las vecinas defienden que las tierras son de su cooperativa, Coopropalca.

El 24 de junio, la Procuraduría General de la República notificó a la Fuerza Pública una resolución “definitiva” del Juzgado de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo, en la cual se ordena el desalojo de Finca Chánguina.

Al mismo tiempo, la Finca Térraba, ubicada también en Fincas 2 y 4, se enfrenta a un posible y pronto desalojo, ya que en un reciente remate, producto de las deudas adquiridas por Echeverría Heigol, el Banco Nacional (institución del Estado) ha adquirido la propiedad por 40 millones de colones. De acuerdo con la ley, al estar la propiedad en manos de un banco del Estado, este debe traspasarla al INDER, para su entrega a campesinos y campesinas de la zona. El banco ha ofrecido la propiedad, pero pide 585 millones. EL INDER no ha respondido la oferta y al mismo tiempo, Echeverría Heigol ha empezado a afirmar que dichas tierras son de su propiedad y que le deben ser entregadas por la justicia.

El jueves 30 de julio es puesto en marcha el despojo de Finca Chánguina, invadiendo la zona un completo despliegue de la Fuerza Pública y demás órganos represivos del Estado: los y las campesinas optaron por tomarse el Puente sobre el Río Grande de Térraba, en la carretera Interamericana. Según un medio local, “los afectados amenazaron con lanzarse al río, si los antimotines seguían en la zona”.

Por el momento, los campesinas y campesinas siguen sobre la estructura del puente, ocupando la mitad de la carretera: han levantando carpas improvisadas, se han organizado ollas de comida popular y diversas comunidades de la Zona Sur del país se han solidarizado con su lucha: empezando por los y las propias vecinas, quienes reconocen que pueden estar en la misma situación en cuanto así lo decida el Estado costarricense.

Los campesinos y campesinas han dado al Estado un plazo de 48 horas para encontrar una "ruta de solución al problema". Dicho plazo se vence este martes 4 de agosto.

El movimiento ha externado públicamente la urgente necesidad de “pronunciamiento(s) de parte del movimiento sindical y social”, así como de apoyo de todo tipo para las “diligencias realizadas por los(as) campesinos(as).”