Foto: Fabiola Pomareda García

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley relacionados con el medio ambiente que, de ser aprobados, tendrían implicaciones sobre los derechos de la ciudadanía, y están relacionados con la protección del agua, la generación eléctrica y los productos plásticos.

Durante todo el mes de agosto, el Gobierno elige los proyectos de ley que deben analizar las y los diputados, durante el período de sesiones extraordinarias. La semana pasada fue aprobado el decreto con la lista de iniciativas, varias de las cuales se detallan a continuación.

-21.382. Adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua.

Es una reforma constitucional para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Agregaría un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política, para que se lea así: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. Tiene la firma de los 57 diputadas y diputados. Fue presentado por José María Villalta (Frente Amplio), Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Paola Vega (PAC) y Paola Valladares (PLN).

-20.2012. Ley para la Gestión integrada del recurso hídrico.

Establece sanciones para quienes contaminen cuerpos de agua. En la ley vigente de 1942, la multa mayor es de ¢150. Según el proyecto propuesto, serán infracciones gravísimas realizar obras de perforación para explorar y aprovechar el agua subterránea sin permiso; realizar obras civiles en los cauces, sin autorización; incumplir la obligación de establecer sistemas de tratamiento; verter aguas residuales que no cumplan con el reglamento; y realizar vertidos en un cuerpo de agua o en un sistema de alcantarillado, sin permiso. Se sancionarán con una multa de cinco a siete salarios base y cuando corresponda, se revocará al infractor la respectiva concesión o permiso Se hace una priorización del uso y del manejo del recurso hídrico. Unifica instituciones que trabajan sobre el tema creando el sector hídrico del Estado. Contempla la necesidad de que las comunidades estén involucradas en la gestión.

-21.159. Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos.

El proyecto propuesto por la diputada Paola Vega elimina la comercialización de productos de plástico de un solo uso, los fabricados con estereofón y los que incluyan microperlas o microplásticos. Prohíbe que las instituciones del Estado adquieran este tipo de productos. Crea un impuesto al plástico, según el nivel contaminante de cada producto, que permitirá generar aproximadamente 25 millones de dólares al año. Estos ingresos serán para financiar actividades de recolección, recuperación y revalorización del plástico que realicen las comunidades, especialmente las de zonas costeras.

-20.985. Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente.

El proyecto propuesto por el diputado Erwen Masís (PUSC) declara de interés público los proyectos y emprendimientos públicos o privados de reducción y prevención de la contaminación por plástico y residuos sólidos. Prohíbe la comercialización de bolsas y pajillas de plástico en todo el territorio nacional. Prohíbe la compra de artículos plásticos de un solo uso (“desechables”) y utilizados principalmente para el consumo de alimentos (recipientes, contenedores, empaques, platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas y removedores) en las nuevas adquisiciones o compras de todas las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades, sin perjuicio de las condiciones y contratos previamente establecidos. Dice que los comercializadores y distribuidores de productos en envases o botellas plásticas  tendrán que recolectar como mínimo un 50% de las botellas de plástico que comercializan y distribuyen en el mercado nacional (al menos deberán recolectar un 10% por año, hasta llegar al 50%); y que las botellas de plástico que se comercialicen y distribuyan deberán estar fabricadas como mínimo en un 50% por plástico reciclado. El MINAE estaría encargado de fiscalizar esto.

-21.447. Ley sobre el apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados o mezclas de hidrocarburos.

Lo crearon debido al aumento del robo de combustible al poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope). Declara de interés público el poliducto, oleoducto o gasoducto propiedad de Recope, compuesto por una red de tuberías de acero que recorre 542 kilómetros y pasa por 20 cantones desde Limón hasta Barranca en Puntarenas. Impone pena de ocho a 15 años de prisión al que: perfore, instale cualquier tipo de dispositivo de extracción o dañe el poliducto, para la sustracción ilegal de combustible. Impone pena de ocho a 15 años de prisión al que se apodere ilegítimamente de hidrocarburos, sus derivados, y mezclas de hidrocarburos.

-20.481. Ley que autoriza la generación distribuida con fuentes renovables.

Establece un marco jurídico regulador de la generación distribuida utilizando recursos energéticos renovables y la compra de excedentes de energía  derivados de esta producción por parte de las empresas distribuidoras de electricidad autorizadas a nivel nacional. Dice que el MINAE otorgará las respectivas concesiones para la autogeneración eléctrica distribuida mediante fuentes de energía renovables y para la venta de excedentes. Que el MINAE y la SETENA establecerán un reglamento con los parametros de cuáles proyectos de generación distribuida requerirán estudios de impacto ambiental. La Defensoría de los Habitantes emitió criterio sobre este proyecto de ley y dijo que serían más los inconvenientes que los beneficios para la sociedad costarricense y para los derechos de los usuarios y abonados de los servicios de electricidad. Esto por cuanto “el proyecto propicia la salida de actores del sistema eléctrico nacional para producir su propia electricidad y eso generará mayores costos a los demás actores, lo cual impactará directamente en un aumento de las tarifas de electricidad para la población”.

-21.013. Ley para el establecimiento de un canon ambiental de conservación de cuenca y de conciencia ecológica sobre la generación hidroeléctrica que se produce en los cantones del país.

Crea un canon de un céntimo de dólar o su equivalente en colones por cada kilowatt-hora generado con plantas hidroeléctricas en los cantones del país. Este canon deberá girarse exclusiva y diferenciadamente a favor de las municipalidades en cuyo territorio se encuentren instaladas las plantas y proyectos generadores de energía hidroeléctrica. Las municipalidades beneficiarias destinarán por lo menos un 50% de esos recursos a programas ambientales.