El pronunciamiento señala que el proyecto se improvisó sin tener el cuidado de, al menos, ofrecer datos aproximados sobre los diversos efectos que tendrá la reducción de jornadas laborales en un 15% en el sector público, en los ingresos de las familias, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en la calidad nutricional y en la calidad de vida en general.

CONSIDERANDOS:

1. La propuesta de Ley no se fundamenta técnicamente, pues no señala cuáles son los estudios y criterios expertos en los que se basa. En particular, no presenta un cálculo de cuántas personas serían afectadas, cómo el recorte de jornadas disminuiría los ingresos de las personas y familias, cuáles serían sus impactos sobre la recaudación tributaria por renta y por consumo, cómo afectaría los ingresos de otras instituciones públicas y programas fundamentales como la CCSS, el IVM, el FODESAF, el Banco Popular y los fondos de pensiones.

2. La propuesta no presenta un estudio de cuánto sería lo que podría recaudar el gobierno con su implementación, ni hace una relación de cuáles son las otras fuentes posibles de ingresos para atender la emergencia sanitaria, económica y social. Es decir, no presenta una visión integral de la situación fiscal ante la emergencia, ni evalúa las posibles alternativas existentes.

3. La propuesta presenta severas contradicciones, ya que no define claramente las formas de cálculo para la conformación salarial y pluses de los diferentes ámbitos de la administración pública tras la aplicación de la reducción, la cual es muy diversa. Solo indica la forma de cálculo en la finalización de la relación laboral, no ahonda en términos de incapacidades ante el Instituto Nacional de Seguros ni la Caja Costarricense del Seguro Social, sean éstas por enfermedad, maternidad, cuido de familiares en fase terminal o por accidente laboral.

4. La propuesta no sustenta técnicamente la tesis de la reducción en un 15% con un estudio previo, para efectos reales en el salario líquido que reciben los asalariados puede llegar a representar una disminución desde un 30% a un 50% dependiendo de la forma en la que se le aplique el cálculo de la conformación salarial, incluyendo dedicaciones exclusivas, disponibilidad, etc.

5. La propuesta de Ley debe analizarse dentro del conjunto de medidas que viene implementando el gobierno para atender la emergencia y el déficit fiscal. En ese marco, abona a la pretensión de castigar al sector público y, en particular, cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de una gran parte de las y los empleados públicos. De esa manera, profundiza un injusto desequilibrio que perjudica al sector público y favorece al sector privado, al cual solo se le aplican medidas favorables, como el “alivio fiscal” y la “flexibilidad laboral”. El gobierno insiste en medidas de "sacrificio" para el sector público, mientras mantiene su misma postura respecto de políticas concretas para combatir la evasión y la elusión fiscal.

6. La propuesta de ley profundiza la desigualdad y la injusticia social, ya que es discriminatoria, tanto dentro del sector público, como entre el sector público y el sector privado. En el sector público, solo aplica a cierto rango de ingresos, así como a cierto tipo de vinculaciones laborales, dejando fuera por ejemplo a quienes reciben dietas. En el sector privado, quedan excluidos todos los trabajadores y trabajadoras a los cuales no se aplicó la “flexibilización laboral”, en particular los de mayores ingresos.

7. La propuesta atenta contra una serie de servicios públicos que son esenciales para el cumplimiento de derechos fundamentales, como es el caso de la salud y la educación. Es muy preocupante ver que el gobierno propone medidas para reducir el Estado y su rol fundamental, que incluso van más allá de las recomendaciones de los organismos internacionales que han promovido el paradigma neoliberal, como el FMI, el BM, la OCDE y otros similares.

8. El proyecto atenta contra el derecho a la Salud, porque reduce los ingresos por cuotas obrero-patronales a la CCSS –el cual ya se había visto mermado al inicio de la emergencia, por una reducción de las cuotas implementada por el gobierno– en momentos en que esta institución más lo necesita para atender la emergencia. Como lo vienen señalando los altos funcionarios de la CCSS, la institución está a punto de la saturación y en la antesala del colapso, ante la subida exponencial de casos e internamientos en la “segunda ola” pandémica.

9. El proyecto atenta contra el derecho a la educación, pues la afecta no solo en el presente, sino que tiene efectos hacia el futuro. La expulsión escolar y el deterioro en todo el sistema educativo debido a que las familias no podrán afrontar los gastos educativos y el personal docente no podrá atender adecuadamente las demandas. De esa manera atenta no solo contra un derecho, sino contra uno de los más importantes canales de movilidad social, así como sobre el capital humano, el cual ha sido fundamental para la atracción de inversión extranjera en sectores de alta tecnología.

10. Por otro lado, el proyecto contradice lo planteado por el propio gobierno y la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó la Ley Antihuelgas, en donde se definió a la educación como un servicio que no debe interrumpirse. Por otra parte, plantea reducir jornadas a la mayoría de los y las docentes, en un momento en el cual la carga laboral se ha visto incrementada debido a la implementación de la virtualidad, sin que esto haya significado un aumento de salario.

11. El proyecto ignora que dentro de las familias costarricenses existen importantes vínculos de solidaridad entre personas del sector público y del sector privado, obligando a detener apoyos financieros de quienes ya están sin empleo. De tal manera, estaría disminuyendo la capacidad de supervivencia de familias enteras al no contemplar la reducción de la capacidad adquisitiva, lo que impactaría tanto la capacidad de consumo, como la capacidad de endeudamiento y pago, en un contexto de creciente privatización de servicios esenciales.

Esto implica que un sector importante de las y los trabajadores del Estado se vería sometido a embargos, desahucios, deterioro nutritivo y, en general, enfrentarían una gran dificultad para solventar las necesidades básicas.

12. El proyecto también es discriminatorio en lo que se refiere al retiro del FCL, pues al estar establecido un recorte de jornada del 15%, las personas afectadas por ese recorte no podrían acceder a ese fondo que podría compensar en parte la reducción significativa del salario, ya que se exige al menos un 20% de reducción para ese propósito, haciendo que una gran parte de las personas afectadas no puedan solicitarlo.

13. Con solo su anuncio, el proyecto genera incertidumbre y disminución del consumo en sectores del comercio ya de por sí afectados y a los cuales la clase media sistemáticamente acude (pulperías, tiendas, salones de belleza, gimnasios, restaurantes, etc.). De esa manera, sería contrario al objetivo planteado por el mismo gobierno de incentivar la economía fuertemente golpeada por la emergencia sanitaria.

14. Al reducir los ingresos de las familias, obligaría a las personas a buscar trabajos adicionales para suplir la reducción de jornada y la caída de la capacidad de consumo.

Como consecuencia, las cifras de subempleo y desempleo se incrementarán, lo que tendría un efecto de presión hacia la baja en el mercado laboral, profundizando la caída de los salarios y la precarización del empleo.

15. El malestar social que todo esto va a generar implicará un aumento en casos de depresión y ansiedad, así como en enfermedades psicosomáticas, violencia, etc., con lo cual se produce un gran impacto en la salud mental. Sin embargo, al disminuir la capacidad de las instituciones estatales para atender la crisis, no habrá quien contenga esta situación, que ya de por sí es sumamente preocupante.

16. El proyecto es antidemocrático y atenta contra la paz social, pues es claramente complaciente con las presiones de los sectores empresariales más conspicuos, a la vez que excluye a las y los trabajadores y sus organizaciones de la toma de decisiones. Es alarmante que el gobierno no haya consultado y negociado esta ley con los principales afectados por la misma, es decir, con los y las trabajadores del sector público.

17. En resumen, el proyecto presenta deficiencias en su fundamentación técnica, lo cual hace evidente una estrecha e injusta pretensión de cargar el peso de la crisis sobre las instituciones y las y los trabajadores estatales. De esa manera, atenta contra una serie de derechos (al trabajo, a la educación, a la salud, etc.), con lo cual contribuye a erosionar el pacto social que hasta ahora ha sustentado el Estado Social que ha hecho de Costa Rica un país excepcional en el contexto latinoamericano.

ACUERDA:

1. Exigir al gobierno que convoque a un diálogo nacional en el que participen todos los

sectores de la sociedad, en un ejercicio democrático de toma de decisiones.

2. Manifestar su oposición al Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público,

presentado por el gobierno de la República a consideración de la Asamblea Legislativa.

3. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que desestime la mencionada propuesta de Ley.

4. Rechazar las políticas que está implementando el gobierno, las cuales pretenden cargar el peso de la crisis en las instituciones y los y las trabajadores del Estado.

5. Convocar a los diferentes sectores y organizaciones sindicales, sociales y políticas a movilizarse en contra de la actual política del gobierno y de las decisiones de la Asamblea Legislativa que las favorecen.

6. Hacer un llamado general a la sociedad costarricense a defender el Estado Social de Derecho y la institucionalidad pública, sobre todo en estos momentos en que son esenciales para atender la emergencia.

San José, julio de 2020.