Más de 30 roces con la Constitución encontró ese tribunal; sin embargo, el Ministerio de Planificación (Mideplan) reaccionó con un comunicado en el que aseveró que la Sala IV había dado su “aval” al proyecto, manifestó su “gran satisfacción” y la ministra María del Pilar Garrido opinó que es “fundamental” que ese tribunal “avaló la procedencia de regular el empleo público en la totalidad de la administración pública mediante un único cuerpo legal, y esto es la piedra angular para esta y futuras reformas que se consideren necesarias de promover”.

El proyecto ha sido desde un inicio polémico y causa de diversas manifestaciones, como esta a inicios de julio que aportó algo de color al aburrido edificio de la Asamblea Legislativa (Foto: Katya Alvarado)

Sin embargo fueron 35 las inconstitucionalidades que encontró ese tribunal, relacionadas con violaciones a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como a las autonomías de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.

Se trata de problemas de peso, como lo reconoció la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), que mediante un comunicado manifestó preocupación por el futuro del proyecto y recordó que presentó “junto con organizaciones sociales, alternativas viables para evitar que la iniciativa tuviese inconstitucionalidades, sin embargo, muchas no fueron aprobadas debido a la falta de escucha del Gobierno”. Precisamente se trató de evitar “conflictos con la autonomía de las diferentes entidades con el fin de sortear problemas jurídicos de fondo”.

Este proyecto ha constituido uno de los principales objetivos de la administración Alvarado, cuya aprobación vendió como requisito medular para acceder a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cabe recordar que en abril se aprobó la célebre moción 80, presentada por la liberacionista Yorleny León, que consolidó al Mideplan como un Ministerio “pleniponteciario” respecto a temas como la selección, reclutamiento, evaluación y otros aspectos del personal de instituciones como las universidades públicas o las municipalidades.

-- Frankenstein --

El abogado constitucionalista Rubén Hernández, en el programa radial Nuestra Voz, dijo que la Sala Constitucional “no excluyó a ninguna institución” de la aplicación de la eventual ley, sino que usó la “técnica de la inconstitucionalidad por sus efectos”, que según explicó significa que una norma no se declara inconstitucional en sí misma, sólo su aplicación a determinados casos, como el Poder Judicial o las universidades.

Dijo que el trámite legislativo será “relativamente simple”, pues según él la Comisión de Asuntos Jurídicos únicamente debe incorporar un artículo que determine que los cuestionados por la Sala Constitucional no se apliquen a las instituciones señaladas.

Criterio muy diferente ofreció la jueza Rosaura Chinchilla-Calderón, quien señaló que “era una obviedad jurídica del tamaño de una catedral” el hecho de que únicamente por vía de una reforma constitucional era posible lo que calificó como “el rediseño del Estado establecido por los constituyentes de 1949”, que pretendía el proyecto.

Criticó el criterio de la Sala IV que evadió referirse al trámite del proyecto o que validó la llamada objeción de conciencia, elementos que incidirán en la aplicación de la eventual ley. (Ver recuadro: Será enmendada la plana).

Por su parte, el abogado laboralista Manuel Hernández dijo que la Sala Constitucional “descuartizó el proyecto”, que en su criterio ya era un “Frankenstein” además “metido en un laberinto” en el que “fueron los propios diputados” los que lo metieron. (Ver recuadro).

“Por el autoritarismo lo llevaron así a la Sala, eran tan groseros los vicios de constitucionalidad que no podía decir otra cosa”, aseveró.

-- Proyecto socavado --

Se pierde el 70%: Tras hacer la salvedad de que es preciso conocer el texto completo de la Sala Constitucional,  la jueza Rosaura Chinchilla-Calderón dijo que “un 70% del proyecto se pierde”, pues “nunca fue la intención hacer una ley solo para la administración central, que es lo que queda”. Aunque advirtió que quedaron de pie temas como el salario global.

Omisión respecto al trámite: Chinchilla-Calderón observó que la Sala Constitucional evadió referirse a la inconstitucionalidad del trámite del proyecto y recordó que a pesar de la oposición formalmente expresada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proyecto se aprobó en primer debate con menos de 38 votos. Ponderó que “si se hubiera declarado inconstitucional el trámite legislativo, el proyecto muere…no era ‘rescatable’ nada”.

Objeción de conciencia: Consideró este tema como “una barbaridad” y “sumamente delicado” pues puede implicar para las instituciones no excluidas por el voto de la Sala -por ejemplo los sectores educativo y policial- que se “constitucionalice” una “licencia para discriminar”, que según dijo está presente de manera “enmascarada”. “No dudo que a la Sala Constitucional (una vez más) le será enmendada la plana por tribunales internacionales en este tema”.

Convenciones colectivas: La Sala no encontró problemas con artículos que establecen parámetros respecto a la negociación laboral y mandan a los jerarcas institucionales a denunciar las convenciones colectivas. Al respecto, la especialista observó que deberá revisarse lo resuelto por la Sala frente a lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “No es la primera vez que el tribunal constitucional interno (que debe velar por el respeto de los derechos humanos) desatiende lo dicho por la Corte IDH”.

-- Dardo al corazón del proyecto --

Golpe al núcleo duro: El abogado Manuel Hernández destacó que la Sala Constitucional determinó como inconstitucionales los artículos 6 y 7 del proyecto, que consideró el “núcleo duro o corazón” de la propuesta, pues son los que establecen potestades y gobernanza del Mideplan sobre las universidades públicas y las municipalidades.

Difícil salvamento: “Tan traumatizado salió de la Sala Constitucional, que va a ser muy difícil que logren salvar este proyecto en la Asamblea Legislativa”, dijo. Explicó que “no es cierto en lo absoluto que la Sala declaró la constitucionalidad de algunos de sus artículos por sus efectos”, ya que “va mucho más allá”, y consideró que “inevitablemente” tendrá que devolverse a la comisión dictaminadora, o mínimo a ser votado de nuevo en primer debate. En ese último caso, “desde el punto de vista jurídico y constitucional va a ser muy difícil que logren de manera coherente reconfigurar el proyecto de ley de suerte que no incurra en los mismos vicios de constitucionalidad que ya fueron reprochados”.

Subrayó que “les va a costar mucho enderezar el proyecto, salvo que pretendan hacerlo como ya lo hicieron: saltándose las reglas del estado social de derecho”.

-- Balada triste de Marta Acosta --

Fue vehemente y reiterado el criterio de la contralora General de la República, Marta Acosta, respecto a este proyecto de ley. En agosto del año pasado, precisamente ante la Comisión de Gobierno y Administración que lo estudiaba, criticó que “carece de cobertura que alcance a todo el sector público” y afirmó al respecto que “la ley debería ser para todos, según criterio de la Contraloría”.

En marzo pasado, en declaraciones a Noticias Monumental, se refirió a la exclusión de algunas instituciones y dijo que “es lo más grave que uno puede ver en esto, porque al final estamos perdiendo alcanzar el imperativo constitucional de tener un régimen único de empleo público”.

Mediante la unidad de prensa y comunicaciones de la CGR se buscó una reacción de Acosta y la respuesta obtenida fue que esa institución “es respetuosa de las resoluciones de los órganos judiciales y no nos referiremos al tema recién resuelto por la Sala Constitucional sobre empleo público”.

-- El incierto futuro que espera al proyecto de empleo público

El tiempo corre en contra de la propuesta del gobierno, pues antes que nada la Asamblea Legislativa deberá esperar el texto completo de la Sala Constitucional, con la campaña electoral en el horizonte.

Luego de conocerse la decisión de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa deberá determinar qué futuro corre el trámite del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

El panorama al respecto es complejo, pues pronto el Poder Legislativo deberá abocarse al estudio del Presupuesto de la República y en octubre, con la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), iniciará la temporada del lodazal electoral.

La Sala IV determinó que existen 35 roces constitucionales del proyecto, relativos a las autonomías de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las municipalidades, así como a la independencia del Poder Judicial y del TSE.

La Asamblea Legislativa debe esperar a tener el texto completo de la opinión consultiva de la Sala Constitucional para decidir qué hacer con el proyecto. (Foto: Katya Alvarado).

El proyecto se aprobó en junio en primer debate con 35 votos, tras lo cual un grupo de legisladoras y legisladores, encabezados por José María Villalta, del Frente Amplio, y Paola Vega, de Acción Ciudadana (PAC), enviaron la consulta a la Sala Constitucional.

Tras conocer la decisión de la Sala Constitucional el Ministro de Comunicación, Agustín Castro, manifestó que tan solo se requiere de “algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala”, y celebró que “todas son factibles y pronto la ley marco de empleo público será una realidad”.

-- A primer debate --

La diputada liberacionista Silvia Hernández, quien preside el Poder Legislativo, señaló que el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece cuál es el trámite que se debe seguir ante una opinión consultiva de la Sala Constitucional.

Según explicó la diputada en el programa Nuestra Voz, en primer lugar se debe esperar a contar con la resolución completa y que, al haberse determinado inconstitucionalidades, “se remite a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad por el plazo que el Presidente de la Asamblea Legislativa fije”.

Añadió que esa Comisión deberá emitir un dictamen, que eventualmente entraría en el orden del día para ser votado en primer debate. “Se devuelve la votación al primer debate, porque se le hicieron cambios” al texto.

-- Proyecto “muerto” --

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. La diputada Paola Vega en primer lugar destacó que la Sala Constitucional confirmó “lo que varios diputados y diputadas advertimos hace meses, que la soberbia y falta de vocación de diálogo del Poder Ejecutivo y la Ministra de Planificación pasó una factura importante, en tiempo legislativo y fondo, no hay un solo señalamiento de la Sala que no haya sido advertido en Comisión y que no se pudiera enmendar por las mociones que presentamos”.

Tras señalar que “nunca en la vida un proyecto había sido objeto de tantos señalamientos y tan grandes respecto al estado social de derecho independencia de poderes y autonomía”, Vega se refirió al trámite que espera al proyecto y señaló que tiene dos rutas posibles, la Comisión de Gobierno y Administración, o la de Constitucionalidad.

Dijo que en la práctica no se trata de una potestad exclusiva de Silvia Hernández, pues “tiene que dialogar con las fracciones” y se preocupó pues dijo: “veo a personas como Rubén Hernández asesorando mal, diciendo que ya se puede actuar”, ante lo que recordó que es preciso contar con el texto íntegro y dijo que de lo contrario “provocaría un rompimiento del orden y otro tipo de conflicto social”.

Insistió en que se debe esperar al texto completo, “pero veo al Poder Ejecutivo presionando para que se trabaje ya”. Añadió al respecto que “el proyecto está muerto, ya no dan los tiempos, en setiembre vemos presupuesto y en octubre empieza la campaña política”.

-- “Cascarón” --

El jefe de fracción socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien preside la Comisión de Gobierno y Administración, manifestó en sus redes sociales que el proyecto debe devolverse a su comisión y que “lo señalado por el PAC y PLN, implicaría quitar los artículos inconstitucionales y eso, básicamente, deja un cascarón de proyecto que no sirve para nada”.

Se buscó la posición de Abarca para profundizar al respecto y desde su despacho se compartió un video en el que aseveró que la Sala Constitucional “ha puesto los puntos sobre las íes, ha ratificado lo que advertimos: que en mociones de reiteración no se podía corregir el texto y realmente desperdiciamos casi tres meses de una Asamblea Legislativa a doble turno, revisando un proyecto que evidentemente iba a ser declarado inconstitucional”.

Dijo que ahora el “procedimiento correcto” es devolverlo a comisión y hacer un esfuerzo de negociación para generar un nuevo texto base que “evite la presentación de una gran cantidad de mociones 137”, es decir, en plenario. Dijo que eso solo es posible “si se demuestra una voluntad para construir más allá de los socios complacientes que ha tenido el gobierno”.

(vinicio.chacon@ucr.ac.cr)