“Vamos a plantear la demanda contra el Estado porque es el responsable de la mora en los procesos judiciales, porque los funcionarios  trabajan para él, el Estado los ha nombrado”, dijo Guillén a Informa-tico.com

“Los daños que he sufrido a lo largo de 11 años son incalculables, de difícil o imposible resarcimiento”, manifestó el ex jerarca policial, por lo cual solo planteará la reparación del daño moral, que ha estimado en esa cifra, equivalentes a unos 2 millones de dólares, con base en las circunstancias propias de su proceso y de otros similares.

Un caso de insólita inutilidad

Guillén relató que hace algunos años se asoció con un inversionista colombiano para montar en el país una empresa de seguridad. El extranjero se comprometió a invertir 300.000 dólares para el arranque del proyecto, en tanto que el ex director del OIJ se comprometió a aportar su trabajo, su experiencia y sus contactos.

Durante varios meses el proyecto se desarrolló normalmente. El socio aportaba los recursos necesarios para el funcionamiento de la agencia “contra los comprobantes de gastos quincenales”, tales como pago de panilla, publicidad, teléfonos y otros.

En determinado momento, cuando había aportado unos 35.000 dólares y el proyecto empezaba a arrancar, el colombiano  anunció que no seguiría aportando dinero y exigió que se le devolvieran sus aportes. “Le advertí que si retiraba la inversión el proyecto se venía abajo y le respondí que era imposible devolverle el dinero que ya se había gastado”, aseguró Guillén.

Poco después es acusado de estafa por los representantes del colombiano y demandado civilmente por una suma “absurda” de 300.000 dólares.

Fiscales y jueces “miopes”

“Para que el delito de estafa se configure se deben dar dos condiciones indispensables: un daño económico y un engaño o ardid”, explicó Guillén quien es abogado penalista.

“La denuncia decía claramente que yo no le había entregado (al socio) dividendos de la sociedad.  Ante este hecho el fiscal solo tenía que pedir un estudio contable para determinar si la empresa había generado dividendos, con lo cual se hubiera dado cuenta de que no era así”, apuntó Guillén. “Pero no lo hace. El Ministerio Público pasa 3 años en una investigación que pudo haber hecho en ocho días, antes de presentar  la acusación”.

“Para mayor daño –apuntó- el juez de la etapa intermedia no analiza los pocos y simples elementos del caso y continúa con el proceso, que consumió otros 8 años de suplicio”.

“Cuando llegamos al juicio, el tribunal que me absolvió por certeza dijo que yo había pasado por todo eso por  haber sido una figura pública; que el Ministerio Público cohonestó esta acusación y el juez de la etapa intermedia toleró que un caso atípico llegara a juicio”, dijo el ex jefe policial.

Once años de infierno

“No sé si fue impericia o mala fe, únicamente que ese suplicio duró 11 años en una clarísima violación al artículo 41 de la Constitución Política que dice que la justicia tiene que ser pronta y cumplida”, expresó.

Durante esos once años, relata Guillén, vivió en un estado permanente de miedo, en una situación anímica de terrible impotencia y con la autoestima por los suelos. “Uno no quiere que la gente lo vea, le da miedo ir al supermercado, a la iglesia, a la playa, porque supone que las otras personas lo ven a uno como un delincuente”.

Aseguró que los daños materiales pudieron ser enormes, pero no tiene forma de demostrarlo porque no sabe cuántos clientes perdió ni cuantas oportunidades de negocios, porque su honorabilidad había sido mancillada por funcionarios “miopes e irresponsables”.

Aunque nunca fue a prisión, el ex jefe policial no deja de pensar en las muchas personas que están presas por delitos que no cometieron, víctimas de la impericia o la irresponsabilidad de funcionarios judiciales, porque –asegura- el suyo no es un caso aislado.

Solo en las últimas semanas, varias personas han sido absueltas por certeza tras pasar largos periodos en prisión, como es el caso de 8 guardas del Centro Penitenciario La Reforma, que estuvieron presos durante 10 meses acusados del asesinato  del reo Johel Araya, quien fue muerto a golpes en su celda el 22 de mayo de 2011.

La jueza Yazmín Rodríguez, quien los absolvió por certeza, afirmó que las sospechas del crimen recaen más bien sobre una unidad especial del OIJ, con base en los testimonios recabados durante el proceso. La juzgadora calificó de “lamentable” la investigación del Ministerio Público.

Destaca también el caso de un colombiano y un panameño que estuvieron  presos durante 17 meses acusados de un triple homicidio,  con base en una investigación realizada por parte del OIJ y el Ministerio Público que, según la calificación del Tribunal del Circuito Judicial de Osa, “fue deficiente, vergonzosa y espuria”.

¿Qué está pasando?

Guillén aseguró que algo muy grave está ocurriendo con la administración de justicia en el país.

“Estamos en presencia de un fenómeno perverso –manifestó-. Se montan circos para demostrar a la gente que la Policía y el Ministerio Público está trabajando eficientemente en el combate del crimen, pero la verdad es que no lo están haciendo”.

“Mientras las cárceles están repletas de gente, la criminalidad crece en las calles todos los días. Las calles son totalmente inseguras”, por lo que la ciudadanía está siendo víctima de un engaño, apuntó.