Los representantes del Estado acudieron la tarde del miércoles a una audiencia en la sede de la Corte IDH en San Pedro de Montes de Oca, que había sido convocada para revisar el cumplimiento de la sentencia, dictada en 2012 por esa tribunal internacional, que obliga a restablecer el derecho de los costarricenses a utilizar esa técnica reproductiva.

La aplicación de la fecundación in vitro había sido prohibida por la Sala Cuarta en el año 2000, en un contexto de presiones de grupos religiosos conservadores que insisten en que la técnica atenta contra la vida.

El decreto que el gobierno dio a conocer el mismo jueves, establece las reglas para la aplicación de la técnica y, según el criterio de abogados de la Presidencia y de la Cancillería, es conforme a la Constitución y las leyes vigentes, por lo cual no es esperable que pueda ser declarada inconstitucional.

Los magistrados de la Corte IDH consideraron adecuada la reglamentación propuesta por el gobierno, pero interrogaron a los representantes del gobierno, los abogados Gioconda Ubeda y Marvin Carvajal, sobre las posibilidades de que el decreto pueda ser recurrido ante la Sala IV .

El juez peruano Diego García Sayán manifestó: “Nunca es tarde para reiterar el concepto fundamental de que, cuando hay una sentencia, todos los aparatos del Estado tienen el deber de marchar en la misma dirección, en lo que le compete a cada uno de ellos y de no obstaculizar con decisiones que impidan el cumplimiento de esa sentencia de la Corte Interamericana”.

El decreto

El decreto ejecutivo, que fue sometido a consulta por cinco días a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Colegio de Médicos y Cirujanos, establece una serie de normas con las cuales se obviarían las preocupaciones de sectores que consideran que la técnica atenta contra el derecho a la vida.

En ese sentido, la normativa establece que en cada caso solo se podrán obtener de uno a dos óvulos y que todos los que hayan sido fecundados tendrán que implantarse, por lo cual no habrá embriones sobrantes.

Expresamente prohíbe que los óvulos sean desechados o se utilicen con fines de comercialización, experimentación, selección genética, clonación, alteración genética o destrucción.

La fecundación in vitro podrá ser aplicada a parejas en que ambos miembros sean mayores de edad o a mujeres sin pareja mayores de edad y que tengan problemas de infertilidad.

Señala además que la CCSS deberá crear las condiciones para poder aplicar la técnica en un plazo máximo de dos años y también permite que sea aplicada por establecimientos privados con la autorización del Ministerio de Salud y la supervisión de la CCSS.

Además, determina que los beneficiarios del procedimiento deben recibir información completa de la técnica, conocer sus posibles riesgos y recibir la garantía de confidencialidad absoluta.