“La Defensoría insiste ante las autoridades gubernamentales en la necesidad de una inmediata intervención. En esta semana han ocurrido hechos de violencia calificados por la Defensoría como muy graves”, estos hechos son una consecuencia de la disputa de tierras entre personas indígenas y no indígenas.

Las tres viviendas consumidas por el fuego provocado por personas que actuaron de noche, están ubicadas dentro de los límites de las tierras ancestrales del pueblo Bribri reservadas por la Ley Indígena vigente en nuestro país y custodiadas por convenios y tratados internacionales, en los sectores de Cebror, Sipar y Río Azul del Territorio Bribri de Salitre.

El abogado Gustavo Cabrera, de la organización defensora de Derechos Humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-CR), constató la incapacidad que ha demostrado el gobierno para articular una intervención acertada pese a las reiteradas denuncias por parte de los indígenas, de defensores de los derechos humanos y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado costarricense que de inmediato “adoptara medidas cautelares en beneficio de los pueblos indígenas Teribe, del Territorio Indígena de Térraba, y Bribri del Territorio Indígena de Salitre, medidas que deberán de ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes”, estableció la CIDH.

Cabrera, lamentó que la única medida que tomó el gobierno fue enviar más policías y un vehículo “lamentablemente la policía está en contra de la población indígena y por el contrario, custodia a los usurpadores y finqueros que disputan las tierras a los bribris, mientras cometen las agresiones”.

El líder bribri del Territorio de Salitre, Sergio Rojas, en junio pasado había hecho la observación de que “asombra la falta de seriedad de las autoridades ante la gravedad de la situación, de agresiones constantes, ataques, amenazas, pérdida de bienes familiares, herramientas y el racismo que sufren los pueblos indígenas del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, declarado por el Ministerio de Cultura como la “cuna de las culturas indígenas” pero que en la realidad, está catalogado como el cantón más racista de Costa Rica”.

El martes, al caer la noche de sobre el poblado de Cebror, el segundo de tres incendios consumía la vivienda de la familia de Otilia Figueroa. La quema de esta casa se sumó al incendio que consumió el hogar de Grace Delgado Morales, la noche del domingo anterior. Según informes de organizaciones indígenas y de derechos humanos, en estas dos ocasiones, la policía se encontraba en el lugar al momento de los ataques y del inicio de los incendios”.

En la madrugada del miércoles 2 de setiembre, un grupo de hombres quemó la casa de Floribeth Morales Figueroa en el sector de Sipar, mientras ella y su familia se encontraban con las familias afectadas en Cebror.

Además de los incendios, se reportaron varias personas heridas, golpeadas y con crisis nerviosas en los ataques ocurridos entre el domingo y el miércoles.

“La policía se encontraba en la calle, al frente de la vivienda de la familia de Grace cuando se inició el hostigamiento y el ataque en el que al bribri Julián Delgado le punzaron un ojo y le ocasionaron una herida con machete en su mano”.

Cabrera señaló que uno de los incendios provocados, fue en la finca usurpada “que reclama la empresa piñera Pindeco, quemaron todo, herramientas agrícolas, ropa, comida, utensilios de cocina, camas e insumos agrícolas con los que trabajaban con su madre Otilia Figueroa, sus tres hijas. La casa de madera de 4 aposentos y una bodega que también servía de comedor”.

Otilia Figueroa es la indígena que le ganó en primera instancia el juicio penal por usurpación, violencia y daños a la abogada Thais Vidal, quien tiene medidas cautelares que le prohíben acercarse al territorio por usurpación, agresiones e instigación a la violencia.

La Red de Mujeres Rurales denunció que hermanos de Thais Vidal participaron en los incendios de las tres viviendas, esta semana.

La denuncia de la Red de Mujeres Rurales advierte sobre “la continuación de hechos de violencia ejecutados por los finqueros y sus allegados y la complacencia del Estado y Gobierno de Costa Rica” a los que exige “respeto a los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas a su territorio” así como el reconocimiento “de una vez por todas de la autonomía de los pueblos indígenas y sus territorios”.

En comunicado la Red pide a la opinión pública que se exijan respuestas sobre lo inexplicable de la situación en los territorios indígenas del Sur de nuestro país.

“¿Qué estará esperando el Gobierno y el Estado costarricense? ¿Esperará el Gobierno que algunos finqueros maten a indígenas y alegar como tantas veces que se trata de riñas entre indígenas?”.

“¿Dónde está el INAMU (Instituto Nacional de las Mujeres) del que se espera defienda los derechos de las mujeres? ¿Será que las mujeres indígenas no entran en la categoría de mujeres con derechos?”.

“Señores del Gobierno y del Sistema de Justicia la impunidad es la mayor causa de violaciones a los derechos humanos”, advierte la Red de Mujeres Rurales, integrada por medio centenar de grupos de mujeres agricultoras y rurales de todo el país.