El juez federal David Bunning halló a Kim Davis en desacato y la mandó a prisión hasta que acceda a cumplir con su obligación como funcionaria pública.

Bunning dio a otros cinco funcionarios de la oficina que dirige Davis un tiempo límite para decidir si cumplirán con sus obligaciones o serán multados y se unirán a Davis en prisión.

El magistrado señaló que decidió ordenar la detención de la mujer con el convencimiento de que si tan solo la hubiera multado, no hubiera sido suficiente para que cambiara su postura.

Bunning dijo que entiende que se han de respetar las creencias religiosas de la gente, pero que la ley se ha de cumplir y permitir que Davis se negara a ejercer sus obligaciones como funcionaria crearía un mal precedente.

Davis dejó de emitir licencias matrimoniales, tanto a parejas heterosexuales como a parejas del mismo sexo, desde que el pasado mes de junio la Corte Suprema de EE.UU. legalizó el matrimonio homosexual en todo el país.

En los últimos días varios jueces le ordenaron emitir los permisos y la propia Corte Suprema rechazó una apelación que presentaron sus abogados.

En un comunicado hecho público esta semana, Davis aseguró que "emitir licencias matrimoniales que entran en conflicto con la definición de Dios del matrimonio, con mi nombre anexado al certificado, violaría mi conciencia".

"Es una decisión de cielo o infierno”, dijo.

Decenas de partidarios y detractores de Davis se concentraron este jueves frente a la corte ante la que compareció portando pancartas a favor y en contra de la funcionaria.

Sus críticos aseguran que el hecho de que Davis haya estado casada en cuatro ocasiones demuestra su hipocresía.

Apoyo republicano

La funcionaria ha recibido el apoyo de varios candidatos republicanos a la presidencia de EE.UU., como Mike Huckabee, Bobby Jindal, Ted Cruz y Marco Rubio.

Otros como Carly Fiorina, Lindsey Graham y John Kasich han asegurado que la mujer debe cumplir con sus obligaciones.

En las últimas semanas varias parejas del mismo sexo han grabado cómo Davis se negaba a entregarles sus licencias de matrimonio argumentando que lo hacía "bajo la autoridad de Dios", apelando a la libertad religiosa, protegida por la Constitución estadounidense.

Para que Davis llegara a destituida de su cargo, la decisión debería ser tomada por la legislatura de Kentucky, ya que ocupa un cargo público.