El gobierno del presidente Carlos Alvarado ha ofrecido a la dirigencia sindical el retorno a la mesa de negociaciones, con el fin de hallar una solución tan equilibrada como sea posible, pero sin renunciar a la posibilidad de resolver o, al menos atenuar, el elevado déficit fiscal, el problema más acuciante que enfrenta Costa Rica en este momento.
La respuesta, en resumidas cuentas, ha sido algo así como “gracias, pero no, gracias”. Los gremios exigen, para entablar el diálogo, que se retire el proyecto de la corriente legislativa y que el gobierno se comprometa a sentar en la mesa al propio presidente, los ministros de Hacienda, Trabajo y Presidencia, a la coordinadora del equipo económico del gabinete, así como a los jefes de fracción de todos los partidos con representación parlamentaria, “sin excepción”.
Es obvio que el presidente no está en condiciones de satisfacer tales exigencias. En primer lugar, porque retirar el proyecto que ha costado meses de laboriosa negociación con los partidos opositores, le dejaría como al principio, con las manos vacías y un hueco fiscal de proporciones abismales. En segundo lugar, ¿por qué los jefes de fracción se sentarían a negociar con los dirigentes sindicales si el problema (al menos en términos formales) no es suyo?
Si los sindicatos logran paralizar el país el próximo 10 de setiembre, como han prometido, la presión política será para el Poder Ejecutivo. Los diputados de oposición se sentarán muy divertidos a ver cómo el pueblo se encrespa de ira por el cierre de las escuelas y colegios, los centros de salud, los puertos, los servicios municipales, por mencionar algunos. Como se dice por ahí: en río revuelto ganancia de pescadores.
Es muy probable que para Carlos Alvarado el proyecto que discute la Asamblea Legislativa esté muy distante de la reforma tributaria de sus sueños, pero bien decía un escritor mexicano que “la política es el arte de tragar sapos sin arrugar la cara”.
No solo el presidente. Muchos quisiéramos una reforma tributaria mucho más progresiva, en virtud de la cual los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres; que apriete las clavijas a los empresarios evasores y que elimine o reduzca al mínimo las exenciones a las grandes empresas, como propone el proyecto alternativo planteado por el movimiento sindical.
El problema es que el pueblo de Costa Rica le dio la presidencia a Carlos Alvarado, pero entregó el 83% del Poder Legislativo a la oposición, compuesta en su inmensa mayoría por partidos de derecha, afines a los grandes intereses corporativos, es decir, a los ricos de la película. Y resulta que la materia tributaria es competencia exclusiva del congreso.
El panorama es complejo. El gobierno estará contra la pared, pero puede intentar algunas salidas. La negociación parece que ya no será viable, por lo tanto solo le quedará el recurso de quebrar la huelga o, bien, dejar que ella se quiebre por sí sola. Todo dependerá de lo que ocurra en las primeras horas.
Sin duda, los problemas asociados a la huelga implicarán un desgaste mayor para Alvarado y su administración, pero el costo político no sería ni comparable al de dejar sin solución el problema fiscal.
Por otra parte, el llamado a huelga ha sido una apuesta intrépida por parte de los sindicatos. En principio, supone un elevado grado de certeza de que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector público acudirá al llamado; que el movimiento se podrá mantener sin fisuras por tiempo indefinido; que logrará concitar el apoyo general de la población afectada, convenciendo a los usuarios de los servicios públicos de que el gobierno –y no los sindicatos- es el responsable del problema.
Convocar a huelga general sin límite de tiempo, no es lo mismo que un paro de un día con marcha sobre la Avenida Segunda, cimarrona incluida. El costo podría ser muy alto para el movimiento sindical, si se ve obligado a deponer el movimiento sin haber logrado los objetivos.
