Grupos de trabajadores públicos se movilizaron para oponerse a la aprobación del proyecto.

El proyecto contó con el voto favorable de 40 de los 55 diputados presentes en la sesión, que transcurrió en medio de encendidas protestas de sindicalistas del sector público, tanto en la calle como en las barras del Congreso.

La ley declara absolutamente ilegales las huelgas en los servicios de salud; el suministro de combustibles, electricidad y agua potable; la vigilancia policial, la contraloría aérea, el servicio de comedores escolares y el rescate de personas.

Los trabadores de estos servicios podrán dirimir sus reclamos o reivindicaciones únicamente mediante procesos de negociación con los representantes patronales o, en última instancia, ante los tribunales de trabajo.

De acuerdo con la normativa, la huelga en el sector de educación se restringió a un máximo de 21 días consecutivos o 10 intermitentes, pero los gremios deberán garantizar que los centros educativos permanezcan abiertos para aquellos trabajadores que elijan no participar en el paro.

Otras dos modificaciones importantes a la legislación laboral tienen que ver con la potestad del patrono de suspender el pago de los salarios mientras la legalidad de la huelga es definida por un juzgado, y la calificación de “violento” de un movimiento huelguístico que incluya el bloqueo de vías públicas.

También fue aprobada una moción para que, ante una huelga declarada ilegal por los tribunales, el patrono pueda hacer efectivo el pago de los salarios, exigiendo la reposición del tiempo no laborado.

El proyecto es una iniciativa del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, quien ejerce la presidencia legislativa durante el actual periodo.