Los concursos de belleza son una solemne superficialidad, dice el ex magistrado Arroyo (foto ilustrativa).

Los concursos de belleza, casi siempre femeninos, son una industria más en esta sociedad de consumo. En su mayoría tienen carácter lucrativo y reafirman el rol social de la mujer como una mercancía que vale por su apariencia, de conformidad con algunos estándares de lo que eso significa en ciertos círculos. Desde el punto de vista cultural estos certámenes son una solemne superficialidad, un monumento a la banalidad y a veces hasta a la vulgaridad humana. Por mucho que se les quiera revestir de inocente simpatía o noble beneficencia, no dejan de utilizar a seres humanos de la peor manera.

La pregunta es entonces si conviene que una Jueza (o, eventualmente, un Juez) de la República,  participe de tales actividades en contraste con el protagonismo que estas figuras de autoridad tienen en el contexto social. Estoy convencido de que hay mucho más que una decisión personal en el ámbito de la libertad individual,  que obligue a dejarla pasar, precisamente por esa relevancia que tiene en la comunidad la persona juzgadora.

Aclaro de entrada que de ninguna manera estimo que la respuesta a estos polémicos casos deba ser desde lo prohibitivo o disciplinario. No se trata de procesar y sancionar a quien tome parte de estas actividades.

La cuestión cae más bien en un ámbito eminentemente ético. Una concepción de la ética que explore el valor preventivo y pedagógico de lo que resulta correcto y lo que evidentemente no lo es, por conveniencia institucional y por adecuación social.

El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial  contiene al menos tres normas que nos pueden orientar. La primera (artículo 53) expresa que: “La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura.” Esta cuestión incluye, en mi criterio, el caso de quien se exhibe desfilando por la pasarela en bañador o luciendo sus lentejuelas. No cabe la menor duda de que para importantes sectores de la sociedad, estas conductas no ayudan a crear confianza. Es una diversión, una liviandad que se le puede conceder a cualquier persona, pero no a quien puede tener nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos. De igual manera (artículo 55) el Código nos señala que  “El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos”.  Esto es una obviedad, los jueces y juezas no son ciudadanos comunes y corrientes, no pueden hacer lo que todo el mundo hace. Son ciudadanos privilegiados porque en ellos se deposita la delicada misión de resolver conflictos de otros, afectar con sus decisiones la libertad, el patrimonio y cualquier  derecho fundamental de otras personas y eso exige un mínimo de credibilidad.  Y, finalmente, en el ámbito de la “Transparencia”, este Código señala que “El juez deber evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social”.  La persona juzgadora no debe tener entre sus prioridades existenciales  la notoriedad pública y ceñirse una corana de belleza no tiene otro objetivo.  Hay en esto una sombra de poca seriedad inaceptable.

Pero lo medular aquí es que nos olvidamos de la esencia para caer en el fango de la apariencia. Estas “coronas” no nos dicen nada acerca de la solidez profesional de quien está resolviendo nuestro litigio, no nos revelan la calidad humana del juzgador ni si podemos confiarle nuestros más preciados asuntos. Por el contrario, tienden una sombra de duda peligrosa.

Ha de ser la capacitación amplia y a fondo la que lleve,  a quienes han decidido dedicarse a la judicatura,  a tener conciencia de su especial papel en la sociedad y los límites, renuncias y hasta sacrificios que necesariamente conlleva esta apasionante misión. Conforme avance nuestra carrera, el ideal es estudiar más, fundamentar nuestras decisiones cada vez mejor  y madurar como personas constantemente.