Su propuesta es técnicamente correcta, desde el punto de vista de que recoge las recomendaciones más actuales que circulan a nivel internacional en materia tributaria. La referencia reiterada a las normas de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) lo ilustra con claridad. Esto último, en combinación con la interpretación de los efectos económicos de los tributos desde un enfoque inequívocamente neoclásico, informa, asimismo, respecto de la epistemología subyacente y los respectivos orígenes geopolíticos. Es, digámoslo así, mirar las realidades de un pequeño país del trópico a través de anteojos diseñados en el norte opulento.

Hay, sin embargo, una dosis apreciable de buena intención, en cuanto lo que se ofrece es como al modo de un ramillete de propuestas acompañadas de una invitación al debate y el diálogo. Pero no parece existir una estrategia política equivalente; todo queda formulado en términos tales que no se adivina con facilidad cuál podría ser el tipo de alianzas o coaliciones sociopolíticas que pudieran sustentarla.

Se inicia con un análisis de lo que el documento tipifica como "fisuras del modelo de desarrollo". Por omisión, ahí se testimonia con claridad la ideología que anima a los autores. Ésta se expresa a través de su ausencia, es decir, en el intento evidente por evadir la discusión ideológica. Pero ello conduce a un diagnóstico acerca de los problemas del así llamado modelo de desarrollo que no es capaz ni siquiera de reconocer puntos de inflexión y ruptura y procesos de reestructuración, de modo que el "modelo" parece ser uno y el mismo a lo largo de por lo menos los últimos sesenta años. No reconocer que la crisis de inicios de los ochenta -en combinación con un determinado contexto internacional- marca un momento de cambio que da lugar posteriormente a un amplio movimiento de reorientación, es ideológicamente útil a efectos de evadir la crítica de fondo respecto de las falencias de ese "modelo", vigente, con algunos cambios secundarios, por los últimos treinta años.

Hay asimismo una relativamente amplia discusión sobre lo que aquí se designa como "gobernabilidad fiscal" que redunda básicamente en una conclusión: centralizar la dirección del conjunto de las finanzas públicas -incluidos los otros poderes de la república y las instituciones autónomas- en manos del Poder Ejecutivo, en concreto el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Presupuestaria. Implícitamente se asume que estas dos entidades públicas estarán bajo la conducción de tecnocracias similares a las que redactaron este documento, lo cual nos advierte acerca de la autoconfianza que se tienen esos cuadros tecnocráticos, que se imaginan capaces de gestionar los presupuestos públicos conforme a impecables criterios técnicos. Esta es una simpática expresión de ingenuidad, puesto que, a fin de cuentas, el Ministro de Hacienda sigue siendo subordinado del presidente o presidenta y, por lo tanto, está expuesto a los vaivenes políticos de la administración de turno. De modo que, pretendiendo consolidar un mecanismo tecnocrático de control, bien puede propiciarse que la politiquería se meta por la ventana de la cocina, y con intenciones aún más agresivas, en instituciones que, como la Caja del Seguro Social, lo que necesitan es justo lo inverso: independencia respecto de las veleidades politiqueras.

En todo caso, es igualmente ingenua la confianza en la racionalidad tecnocrática que todo esto trasunta. Apela a una especie de "despotismo ilustrado" que, en manos de técnicos altamente calificados, habrían de resolver los problemas de las finanzas públicas. Esa más bien puede ser una fórmula para el desastre, justo por las limitaciones que en este informe se adivinan: el reduccionismo ideológico y la nula apreciación de las complejidades sociales y políticas que inevitablemente acompañan este tipo de asuntos.

Todo el apartado de "nivel y calidad del gasto del Gobierno Central" aporta información valiosa que ilustra acerca de problemas relacionados con el crecimiento del empleo público, el aumento de las remuneraciones, los presupuestos para educación, la sostenibilidad de los diversos regímenes de pensiones y las llamadas transferencias corrientes, incluyendo las destinadas a las universidades, al Fondo de Asignaciones Familiares y a la Caja. También acerca de la eficiencia de la gestión en el sector público. Hay en todo esto cuestiones importantes que sería irresponsable pretender eludir. A los sindicatos -incluso en bien de su imagen pública- les convendría entrar a este debate desde una posición que no se limite a la defensa de intereses gremiales.

La referencia favorita de los autores del documento

No obstante lo anterior, ese análisis tiene algunas fallas considerables que levantan dudas sobre su rigurosidad técnica. Ocurre ello, por ejemplo, respecto de los datos sobre educación, que incurren en la grosería de trabajar sobre cifras porcentuales respecto del Producto Interno Bruto (PIB) o el PIB por habitante, para comparar a Dinamarca o Finlandia con Costa Rica o Perú. Supongo que hasta un estudiante de economía de la UCR sabe que las cifras subyacentes son lo suficientemente distintas como para hacer que una comparación tal resulte un completo desatino.

En todo ello se respira una opción restrictiva (aunque no tanto como para complacer a Jorge Guardia), de inspiración ortodoxa, neoclásica-fondomonetarista. Es la favorita del mainstream de los economistas criollos y de muy discutibles resultados dondequiera que se aplica.

Se propone, además, una amplia gama de reformas a impuestos diversos y creación de algunos nuevos: desde la transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) -contemplando diversos posibles matices en su aplicación- hasta cambios en el impuesto sobre la renta que lo harían más progresivo y taparían salidas hacia la elusión y la evasión. En algunos casos se afectarían intereses económicos poderosos (por ejemplo: zonas francas y banca); en otros se tiene el atrevimiento de tocar asuntos que el imaginario popular considera sagrados -en particular el aguinaldo- o al menos bastante delicados, como los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas.

Reconozco la buena intención y la transparencia con que todo ello es expuesto. Me suscita dudas, sin embargo, la valoración política subyacente ¡se trata de "pelearse" con todo mundo al mismo tiempo o acaso se espera que todos los sectores -los de arriba, los de en medio y los de abajo- quieran ceder cada quien un poco? Conmovedora y tecnocrática ingenuidad. Reforma tributaria: la ingenuidad de las tecnocracias.