La solicitud de rechazo acompañó el documento en el que responden a la Sala IV la audiencia escrita que brindó el tribunal sobre la FIV, por parte del presidente Luis Guillermo Solís y los ministros Sergio Alfaro y Fernando Llorca - de la Presidencia y Salud- en la que reafirman lo actuado y solicitan rechazar de plano la acción que se presentó contra el Decreto Ejecutivo que reguló esta práctica.

La audiencia es parte del proceso realizado por los magistrados para decidir sobre

La acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 39210-MP-S, que autorizó la implementación de la FIV en el país fue presentada por cuatro diputados cristianos.

El Gobierno respondió a los alegatos que se interpusieron contra el Decreto Ejecutivo -11 de setiembre del 2015- que se adoptó para evitar que el Estado costarricense incumpliera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al país regular la FIV.

De acuerdo con el punto de vista del gobierno, el tribunal debe desestimar la acción ante la falta de argumentos contundentes sobre cómo se afecta un interés difuso, debido a la implementación de la FIV por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para los jerarcas, los diputados tampoco demostraron legitimación institucional en este tema.

Seis puntos escenciales

El gobierno hizo hincapié en seis puntos: no es factible cuestionar la sentencia de la Corte Interamericana del 28 de noviembre del 2012, como lo hicieron los legisladores, pues el fallo es definitivo, inapelable y de carácter obligatorio.

Para Costa Rica, la obligación de cumplir con la sentencia es un asunto de orden constitucional.

No se afectó el principio de participación ciudadana para la emisión del decreto, que atendió las consultas establecidas por ley. No se modificó la regulación vigente del Derecho de Familia respecto a la paternidad y a la filiación.

No se va a violar el derecho a la vida, ya que este conflicto jurídico fue resuelto por la Corte IDH en su sentencia del 28 de noviembre del 2012.

Tampoco se afectó el principio de separación de Poderes y reserva de ley, ya que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo en acatamiento de una sentencia de la Corte, y el Decreto se enmarca dentro de las competencias institucionales del Poder Ejecutivo, de emitir reglamentos de servicio.

Finalmente, los jerarcas rechazaron que se estuviera afectando el principio de autonomía de la CCSS, ya que el Estado está obligado a brindar asistencia médica para atender la infertilidad, como enfermedad del sistema reproductivo. No se controló ni alteró la autonomía financiera y de gobierno de la CCSS.