Salazar argumentó ante los magistrados que la cláusula en cuestión “es contraria a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y uso eficiente de los fondos públicos, así como a los artículos 11 y 50 de la Constitución Política”

“Resulta irrazonable y desproporcionado obligar al Estado a destinar importantes sumas de dinero sin que exista una razón objetiva que justifique la erogación”, manifestó la funcionaria en su alegato.

Además, señaló, la norma crea un privilegio en favor de los trabajadores de Recope carente de justificación, irrazonable y lesivo para el erario público.

La funcionaria dijo que espera que la Sala IV dicte una medida cautelar para suspender la aplicación del artículo107 de la convención colectiva, mientras se resuelve el fondo de la acción.

El presidente Luis Guillermo Solís emitió una directriz a todas las instituciones públicas prohibiendo el uso de fondos públicos para financiar actividades sociales.

“En las instituciones donde exista una convención colectiva que imponga a la administración el deber de pagar este tipo de actividades, se instruye a los jerarcas para que denuncien la respectiva cláusula y para que empleen los medios jurisdiccionales disponibles para su anulación”, señaló un comunicado de la Presidencia.

“Este es un Gobierno que está comprometido con los principios de austeridad en el uso de los recursos públicos, dispuesto a combatir los despilfarros y a garantizar el buen uso de los dineros de las y los costarricenses”, expresó el presidente Solís.