El Proyecto de Presupuesto de la República 2020 aprobado por la Comisión de Hacendarios, desató la protesta de los universitarios al conocerse la manipulación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), protegido por normas constitucionales y el principio de autonomía universitaria, por parte del Ministerio de Hacienda que redireccionó 70 mil millones de colones, monto reducido por los diputados a 35 mil millones de colones, en una acción que le costó el cargo a la ex ministra Rocío Aguilar.

Además del condicionamiento al FEES, la consulta de los legisladores incluye los recortes a programas sociales, el incumplimiento en materia de inversión en educación en todos los niveles y las fuertes limitaciones al presupuesto del Poder Judicial. Señalaron los diputados y diputadas que estos recortes lesionarían funciones esenciales en todas estas áreas.

El Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2020, Expediente 22.568, fue aprobado por la Comisión de Permanente de Asuntos Hacendarios el 16 de octubre, encontrándose pendiente su análisis y aprobación en primer y segundo debate por el Plenario Legislativo.

La legislación prevé la consulta de constitucionalidad antes de que se realice el primer debate en el Plenario cuando se trata de proyectos que tienen plazo para ser votados como es el caso del Presupuesto de la República, por lo que, trece diputados y diputadas del FA, PIN, PRN, PAC, PRSC y PLN, enviaron a consulta el expediente 21.568; “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020”, señalando distintas violaciones a la Constitución Nacional.

Sobre el FEES alegan que, el condicionamiento de 35 mil millones de colones para ser destinados a gastos de capital violenta la autonomía de las universidades protegida por los Artículos 84 y 85. Lo que además pondría en riesgo el presupuesto universitario para gastos corrientes (becas, acción social, salarios) ya que, aún con el acuerdo firmado entre rectores y federaciones con el gobierno, “no hay claridad sobre la legalidad ni el visto bueno de la Contraloría General de la República a las medidas aprobadas” para hacer frente a la contingencia.

“Aun cuando las Universidades puedan adaptar sus presupuestos, la clasificación de la transferencia incumple con lo acordado en la Comisión de Enlace y por tanto violenta la autonomía universitaria, señalaron los legisladores en la consulta a la Sala IV.

Al respecto, recordaron las declaraciones del constituyente Ramón Arroyo Blanco:

“(…) no es posible condenar a nuestra universidad a acudir año con año a los políticos, en demanda de sus rentas. Si así fuera, la estaríamos condenando a una asfixia segura, ya que, al no contar con la autonomía económica indispensable, la Universidad estará a merced de los políticos…”

También fueron recortadas nominalmente en 6,08% las transferencias a universidades que se destinan a sedes y recintos (estas transferencias son aparte del FEES), respecto a lo presupuestado este año.

La consulta señala también la violación a los Artículos 51 y 55, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño por la reducción nominal y/o real de los presupuestos para programas sociales.

En el caso del PANI, la transferencia sería disminuida en 18 mil millones en comparación al 2019 (de 76.7 mil millones a 58.7 mil millones).

También sufren decrecimiento real de sus transferencias porque no se compensa en los presupuestos la inflación (la inflación interanual a agosto es de 2,86%) los CEN-CINAI, FODESAF, Fondo Social Migratorio y Fondo Especial Migratorio.

Otro de los aspectos consultados es la violación a la independencia de Poderes y el Derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida. Por decisión de Hacienda, el presupuesto restringe el crecimiento necesario para que el Poder Judicial pueda cumplir con nuevas funciones que le ha asignado la Asamblea Legislativa.

Según la regla fiscal aprobada en la Ley 9.635, el límite de crecimiento al gasto corriente debería ser 4,67%, sin embargo, este rubro para el Poder Judicial estaría creciendo apenas un 0,69%.

Al respecto, la Magistrada Patricia Solano manifestó en la sesión de la Comisión de Hacendarios del 2 de octubre de este año, que dicha limitación pondría en riesgo distintas funciones del Poder Judicial. Entre ellas la creación del Tribunal Anticorrupción.

Las y los diputados alegan además, la violación al Artículo 78 de la Constitución y el derecho fundamental a la educación. A pesar de que la Sala Constitucional avaló incluir al INA y la inversión en primera infancia dentro de la obligación del 8% del PIB para la educación, el Gobierno está incumpliendo con el porcentaje.

Aun sumando estos nuevos rubros, el presupuesto para la educación será apenas un 7,4% del PIB o 2.856.089 millones de colones, según reconoce el propio Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto.

El diputado José María Villalta, uno de los que impulsó la consulta de constitucionalidad, destacó que los legisladores que hicieron los recortes con poco o sin criterio técnico, apuntaron a “los sectores más vulnerables de la población que serán los más afectados si se mantienen los límites y recortes a la educación pública y programas sociales en el presupuesto 2020”.

Hace falta resaltar, dijo, que “el límite al presupuesto del Poder Judicial lo celebrarán los corruptos que no tendrán que temer el funcionamiento de un tribunal anticorrupción”, señaló.

Para Villalta, “hay un evidente desequilibrio en la atención al déficit. El gobierno recorta y recorta, perjudicando los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, pero vemos tímidos avances en el fortalecimiento de la recaudación y el combate al fraude fiscal”.

Las Universidades estatales alzaron la voz y llevaron a cabo una serie de protestas ante los recortes que aplicó Hacienda en su presuuesto, en el caso de los recortes que aplicaron diputados de las fracciones mayoritarias que controlan el Congreso, sin embargo de seguir las cosas como están, las afectaciones sociales e institucionales todavía están por verse.