Representantes de las etnias indígenas de la zona sur se hicieron presentes ante el juzgado para demandar justicia.

En una audiencia celebrada el jueves, el representante del Ministerio Público insistió en la desestimación de la causa por el asesinato de Rojas, alegando el supuesto agotamiento de los medios de investigación, a lo cual se oponen los representantes de la comunidad bri-bri de Salitre y los organismos de defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el juez decidió que estudiará el expediente para establecer si procede la solicitud de la Fiscalía y que responderá por escrito en un plazo de entre 15 días y un mes.

Un delegación de los pueblos originarios de la zona se presentó a las afueras del edificio judicial para demandar que no se archive el expediente pues ello implicaría la impunidad del crimen.

“Exigimos al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre. En vez de archivar el caso, debe redoblarse todos los esfuerzos investigativos para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato”, expresó la Coordinadora de Lucha Sur-Sur en un comunicado.

“La paz en los territorios (indígenas) sólo es posible si se garantiza la justicia a los pueblos y su derecho colectivo a la tierra, que sólo es posible si sus territorios están en sus manos. Los poderes del Estado son los responsables de garantizar la vida e integridad física de los pueblos originarios y el año pasado fallaron en contra de Sergio, ahora lo que les corresponde es garantizar la justicia y detener la impunidad reinante en nuestros territorios”, agregó el comunicado.

En setiembre pasado, el Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio y evitar que este crimen quede en la impunidad, destacando que «tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables».

En un comunicado, Naciones Unidas reiteró el llamado a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia, de acuerdo con la ley”.