El mandatario afirmó que “no hay contradicción ni diferencias con el Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda” y explicó que la directriz del gobierno anterior para que los evasores sean llevados a juicios, enfrenta al fisco con serias dificultades para recuperar las obligaciones tributarias de los contribuyentes en el corto plazo.

El mandatario se encuentra de gira en el sur de país, este jueves, de visita en parques y monumentos  nacionales por el Día Mundial del Ambiente, pero aclaró a través de un comunicado los temas en materia fiscal.

“Conciliar no es perdonar, ni buscar beneficios que generen impunidad, aclaró Solís, conciliar es un mecanismo de un proceso que nos permite reparar integralmente el daño patrimonial causado por delitos tributarios”.

La directriz no modifica las obligaciones tributarias pendientes ni el Código Tributario aseguró el mandatario, lo que busca es evitar los largos procesos que impiden recuperar los recursos en plazos más cortos, mediante un mecanismo de acuerdo de pago.

Solís fue enérgico al afirmar que en esta decisión “no hay debilidad” por parte del gobierno y reiteró el compromiso “con la recuperación expedita de recursos”, que es lo que se busca con el mecanismo que se aprobó.

Aclaró además, que no es cierto “que se suspendan los procesos judiciales respectivos en los que se encuentran los grandes deudores del Estado. Nuestro compromiso es serio contra la corrupción y la evasión fiscal” concluyó.

El presidente Solís desmintió así que se haya dada ninguna contradicción con el Vicepresidente y Ministro de Hacienda, Helio Fallas sobre la decisión de derogar la directriz de 2012.

La medida anunciada por el gobierno habilita un instrumento de conciliación en la Procuraduría General de la República para que en los procesos de cobro de obligaciones tributarios con los contribuyentes morosos, principalmente orientado a los grandes morosos, decidan si se acogen a este proceso abreviado de pago o seguir adelante con un proceso penal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) había criticado duramente la decisión del gobierno calificándola de “desafortunada” e “imprudente” y de ser una pésima señal puesto que “el robo de impuestos es un atentado contra toda la sociedad”.

La ANEP también consideró “imprudente” conciliar con los evasores de impuestos a los que llamó “ladrones” pues, agregó en un comunicado, “si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos”.