En el PANI no se tienen los recursos para “atender las denuncias eficazmente y con diligencia” mientras son recortados por falta de uso desde la Asamblea Legislativa, señala el Sindicato que agrega, “necesitamos herramientas de trabajo para garantizar la protección a la niñez”.

De acuerdo con informaciones del Sindicato, muchas de las necesidades de la institución no se pueden atender porque existen trabas administrativas o por regulaciones de la Autoridad Presupuestaria que imponen límites a la inversión y no permite la creación de nuevas plazas, a pesar de que en 2016 el PANI presentó la documentación que justificaba la creación de 845 plazas nuevas, distribuidas en todo el país.

A estas alturas, el PANI tiene un faltante de personal de alrededor de mil nuevos empleados para la atención de denuncias y llamadas de auxilio, los albergues y casas de cuido así como un rezago en infraestructura y la flotilla de vehículos para el traslado de los funcionarios y las víctimas.

En este sentido, el Sindicato del PANI insiste en que el exceso de regulaciones y las consecuencias del recorte al presupuesto de 2017 que hizo la Asamblea Legislativa, con el pretexto de la subejecución de los fondos, el Patronato Nacional de la Infancia enfrenta en la práctica un “cierre técnico institucional”.

Recordaron que desde hace años la organización sindical lucha por mejorar las condiciones de infraestructura, personal y vehículos para atender las denuncias de abusos y otros tipos de violencia contra la niñez y los adolescentes en nuestro país. El PANI desarrolla programas en los ejes de prevención, atención, educación, protección especial y administración de menores.

En diciembre de 2016, el Sindicato presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el recorte al presupuesto señalando que esta restricción lesiona el Principio del interés superior del Niño de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, es contrario a los artículos 51 y 55 de la Constitución Política, que obligan al Estado a proteger a la familia: en especial a las personas menores de edad y a la madre; y se deja a la población de menores en situación de vulnerabilidad expuesta frente al aumento de la violencia en el país, por la falta de financiamiento a varios programas del PANI.