Las política ambientales de las últimas décadas, han permitido una importante recuperación de la cobertura boscosa en Costa Rica.
En esencia, la propuesta consiste en convertir los órganos directores de entidades como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) o los Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC) en simples equipos asesores de carácter consultivo, sin ninguna capacidad de decisión.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de devolver potestades a las autoridades del MINAE, con el fin de agilizar los procesos y mejorar los servicios a la ciudadanía. Encomiable propósito sería, de no ser porque el discurso del propio Chaves trasluce una peligrosa visión sobre el tema de la protección ambiental.
Dice el presidente que con el cambio se eliminará la papelería y las decisiones caprichosas de burócratas que han creado “feudos dentro del MINAE que se convirtieron en fines en sí mismos, que afectaron la competitividad del país, que acosaron al sector privado, cargándolo de trámites burocráticos”.
A juicio de Chaves, esta situación ha incidido en la postergación de inversiones, aumento del desempleo e incertidumbre económica.
Dicho de ese modo, todo pareciera de lujo: suprimir burocracia, acelerar los procesos, liquidar la odiosa prepotencia y arbitrariedad de muchos funcionarios públicos es algo con lo que todos soñamos desde hace muchos años. Sin embargo, oigamos un poco más del discurso de Chaves para no dejarnos adormecer por las palabras bonitas.
“En Costa Rica -dice- ya no hay debate (sobre) si vamos a proteger nuestro ambiente. Yo creo que eso está en el material genético, gracias a Dios, de nuestra patria (¡!). Sin embargo, ha habido grupos que ustedes conocen muy bien que nos han querido vender una falsa dicotomía, un falso conflicto entre proteger el ambiente y el desarrollo económico. Eso es una falsa dicotomía”.
Y agrega: “uno puede manejar su medio ambiente de una manera racional, económicamente sostenible, ambientalmente sostenible, y al mismo tiempo lograr el desarrollo económico. Todos los países prósperos del mundo hicieron eso”.
¿Oímos bien? Todos los países prósperos del mundo hicieron eso. ¿Por países prósperos debemos entender Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, las grandes potencias del mundo, los responsables del 70 u 80% de las emisiones de efecto invernadero, que tienen al mundo sufriendo ya los efectos catastróficos del cambio climático?
¿O se refiere a otros países de gran tamaño y de reciente dinamismo económico como Brasil o Tailandia, que también han contribuido fuertemente a la liberación de CO₂ por la vía de devastar grandes áreas de bosque para impulsar la actividad agropecuaria?
¿Así es como el presidente propone, como estos o aquellos países, que afrontemos la “falsa dicotomía” entre cambio climático y medio ambiente?
Por otra parte, la lógica nos induce a formularnos algunas otras preguntas. ¿Cómo nos garantizamos, mediante la concentración de potestades en los mandos centrales del MINAE, que las cosas caminen con más celeridad, con menos trabas para los inversionistas y los ciudadanos en general?
¿No estarán entonces los procesos en manos de burócratas? Porque bien sabemos nosotros, los simples administrados, que aún en las oficinas más centralizadas del Poder Ejecutivo todos los trámites son tediosos hasta la desesperación.
Por otra parte, ¿Qué pasará con las leyes que obligan a efectuar estudios de impacto ambiental para aprobar nuevos emprendimientos? ¿También serán eliminados para quitarle trabas al crecimiento económico?
Y en esa misma línea de razonamiento, cabe preguntarse: ¿para quien y para qué son obstáculos los Consejos Regionales de Áreas Protegidas? ¿Será que alguien está pensando en la posibilidad de desarrollar proyectos de envergadura económica en los parques nacionales y en otras áreas de conservación? De lo contrario, no se puede entender la importancia de quitarle el poder de decisión a los Consejos Regionales Ambientales.
Estos organismos involucran a las fuerzas vivas de las poblaciones adyacentes a las áreas protegidas en los esfuerzos de vigilancia, control y desarrollo ordenado y sostenible de su propio desarrollo. Algunos funcionan mal, es cierto, pero habría que analizar si la solución está en quitarles de en medio y eliminar un filtro importantísimo a los constantes intentos de invasión de los territorios protegidos por parte de intereses privados.
Queda en manos de los diputados y las diputadas hacer una evaluación muy concienzuda de esta propuesta, porque los logros alcanzados por Costa Rica en materia ambiental no son de poca monta. Solo para anotar un aspeecto: en los últimos 20 años, el país pasó de una cobertura boscosa del 47% a un 59%, según informes confiables como el Informe del Estado de la Región (Centroamérica) que elabora el programa Estado de la Nación. Esto tiene un impacto enorme en la sobreviviencia de especies de flora y fauna, en la conservación de las fuentes de agua y en la captura de CO2.
El reconocimiento de tales logros es de dimensiones planetarias, de hecho se nos señala como un modelo a seguir por el resto del mundo, lo cual debería indicarnos que con todo y el burocratismo estatal que nos afecta mucho, en este aspecto las cosas se han venido haciendo bien.
Ello no quiere decir que todo ha sido perfecto y que no se pueden introducir mejoras. Significa que hay que analizar responsablemente la necesidad y el alcance de cada cambio y garantizarse que no vaya a ser para retroceder y empeorar.
