El gobierno de Porfirio Lobo decretó la prohibición a civiles de portar armas en el departamento de Colón (Caribe), el miércoles pasado, en un esfuerzo por frenar los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes por la tierra en el Bajo Aguán, que ha cobrado la vida de más de 60 personas en los últimos tres años.
Representantes de los campesinos exigieron al gobierno ir más allá, avanzar hacia el “desarme general" y no quedarse solo con la prohibición para portar armas a civiles en Colón, ya que, afirmaron, dudan de que la medida acabe con la violencia.
El Parlamento hondureño aprobó la semana anterior, una reforma legal que limitó la portación de armas a personal militar, policial y de seguridad privada en el departamento de Colón, donde está ubicado el Bajo Aguán, que ha sido escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes desde 2009.
Lobo había intentado bajar la intensidad a la crisis con la compra de tierras a los hacendados que luego entregaron a los campesinos organizados, pero el pasado 25 de julio condenó a personas que se dicen labriegos pero andan con fusiles AK-47 en el Aguán y anunció que tomaría medidas como si se tratara de “un problema de seguridad nacional”.
El vocero de los campesinos Rafael Alegría criticó la medida del gobierno y pidió al presidente Lobo que declare el “desarme general” en el Bajo Aguán y no solo que se “quiten las armas a los campesinos”.
Alegría alertó sobre la reforma legal aprobada por el Parlamento que deja “indefensos” a los campesinos en el Aguán, donde en las últimas semanas la muerte de labriegos y la invasión de tierras ha reavivado el conflicto agrario.
“El derramamiento de sangre podría continuar”, porque “todo apunta a que la gente armada continuará reprimiendo a los campesinos”, dijo Alegría.
El secretario general del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), Yoni Rivas, dijo a Acan-Efe que prohibir el porte de armas en el Bajo Aguán tiene “preocupadas” a las comunidades, porque ahora “no tendrán como defenderse de las represiones” de los guardias de seguridad privada de las fincas.
“La Policía está desarmando a los campesinos, mientras que los guardias de seguridad continúan armados”, aseguró Rivas, quien adelantó que la recuperación de tierras continuará “a pesar de la represión de la Policía, el Ejército y los guardias de seguridad”.
Para el coordinador del Movimiento Madre Tierra Honduras, Juan Almendáres, prohibir el porte de armas en el Bajo Aguán “no será una solución” al conflicto agrario, porque “va más allá de un problema entre campesinos y terratenientes”.
“Lo que existe (en el Bajo Aguán) es un experimento de guerra por parte de la geopolítica de Estados Unidos”, subrayó en declaraciones a la prensa Almendáres, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Por su parte, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, abogó por un desarme general en el Bajo Aguán donde además se debe determinar si las armas que existen en la zona son legales o no y agregó que solo las fuerzas de seguridad de Honduras deberían estar armadas.
