Tras analizar detenidamente el caso, la Procuraduría determinó que “no se transgredió el principio de imparcialidad”, argumento utilizado por el denunciante en contra de los funcionarios de Hacienda.

Además, aclaró que la posibilidad de conciliar con un contribuyente está definida por el Código Procesal Penal, que le asigna esa responsabilidad a la Procuraduría General de la República.

La denuncia planteada contra los jerarcas de Hacienda se basaba en la supuesta intención de favorecer a un contribuyente en particular, el diario La Nación, que enfrenta un proceso por supuesta evasión fiscal.

No obstante, la Procuraduría señala que el efecto de la decisión es general y no particular, por lo que no existe base para la acusación.

La prohibición de negociar arreglos extrajudiciales con los contribuyentes fue establecida por el anterior gobierno, de la ex presidenta Laura Chinchilla, quien se mostró molesta por la nueva directriz.

Según se comentó en su momento, la directriz de Chinchilla se dio en el contexto de una áspera relación con el periódico La Nación, al que la anterior administración acusó de tenderle un cerco informativo.

“La derogatoria de la directriz anterior jamás fue pensada para favorecer a algún contribuyente, todo lo contrario, la eliminamos con el fin de  garantizar la recuperación de los recursos evadidos, sus intereses y el pago del daño social ante cualquier delito tributario y esto lo viene a ratificar la Procuraduría de la Ética al desestimar el caso”, manifestó el ministro Fallas.

“La resolución es clara al indicar que no es la directriz 002-P sino el Código Procesal Penal,  el que contempla y reconoce la posibilidad de resolver el conflicto penal en las primeras etapas del proceso,  a través de la adopción de medidas alternativas como la conciliación, la reparación integral del daño y la suspensión del proceso a prueba, en lugar de llevar el asunto a la etapa de juicio”, agrega un comunicado de Hacienda.