Los acuerdos suscritos por el gobierno y las autoridades de la institución con los sindicatos el pasado 12 de agosto, tras una semana de huelga en los centros de salud, “no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos”, afirmó la Contraloría en respuesta a una petición de varios diputados del Partido Unidad Socialcristina (PUSC).

“Se le ordena a la Junta Directiva de la CCSS la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas”, señala la resolución.

Los sindicatos no tardaron en reaccionar y para la tarde de este jueves está prevista una reunión de las dirigencias para acordar las acciones a seguir.

“Nosotros estamos repudiando esta resolución que envía la Contraloría a la junta directiva de la CCSS,  dándole órdenes a una institución autónoma en violación a la Constitución Política y provocando una crisis en la Caja y en el país”, dijo a Informa-tico.com la subsecretaria general de la Unión de Trabajadores de la CCSS (UNDECA), Marta González.

“Esto es una provocación. (La Contraloría) está desconociendo el diálogo que mantuvimos con los más altos representantes del gobierno, los ministros de la Presidencia y de Trabajo, y las autoridades de la institución, y los acuerdos que surgieron de ese diálogo”, agregó.

“¿Qué confianza van a tener los trabajadores en un diálogo futuro si los acuerdos se burlan con cualquier maniobra?”, preguntó la dirigente sindical.

El pasado 20 de febrero, las autoridades y los sindicatos de la CCSS tomaron acuerdos en virtud de los cuales los trabajadores de la institución seguirían recibiendo los pluses y anualidades como un porcentaje de su salario base y no como un monto fijo, según establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda declaró inaplicables tales acuerdos y exigió a la CCSS cumplir con las disposiciones de la ley. Esta circunstancia motivó una huelga de siete días que culminó con el acuerdo suscrito el 12 de agosto, que deja en manos de los tribunales contencioso-administrativos la resolución del diferendo.

En los corrillos sindicales se habla de una huelga general por tiempo indefinido, lo cual podría agravar más la ya difícil situación que enfrentan miles de pacientes cuyas citas con especialistas o procedimiento quirúrgicos fueron suspendidos durante la pasada semana de huelga.