El voto secreto se impuso en la Asambleas Legislativa, pese al criterio de la Sala Constitucional.

            El caso más conspicuo ha sido la designación de quien, no pudiendo certificar limpios antecedentes disciplinarios, evadió el concurso para meterse por la ventana y ocupar la silla de la magistratura, gracias al padrinazgo de quien actúa como dueño de una fracción parlamentaria.

            Junto a valiosos científicos sociales, algunos medios de prensa e innumerables voces ciudadanas, desde hace años he denunciado estas prácticas indebidas,  como una burla que deslegitima y erosiona la credibilidad de los diputados que se prestan para semejantes truculencias.

            No sólo es una estafa a todos los aspirantes que de buena fe se presentan al certamen, cumplen con los plazos y requisitos, soportan estoicamente las entrevistas personales y se someten a todo tipo de demandas y presiones procurando salir bien librados y calificados.  El bochornoso espectáculo termina por alejar para siempre a los buenos profesionales de semejante circo, envenena la credibilidad  de la Asamblea Legislativa y abona el terreno para que sean los más serviles complacientes los que tengan oportunidad de ocupar los altos cargos en la República.

            En las actuales circunstancias de decadencia institucional estoy convencido de que ningún aspirante, hombre o mujer, con alguna solvencia  intelectual o moral tiene verdadero chance de ser escogido por esta Asamblea Legislativa. Ningún funcionario o juez que asegure auténtica independencia y calidad profesional puede ser considerado en serio.  Los procesos de selección empiezan por “fusilar” a los mejor calificados con notas en entrevistas subjetivas que les roban los primeros lugares. Bajo ridículos pretextos son sacados del ruedo los que exhiben atestados sobresalientes, como si éstos, lejos de ser una virtud, fuera un defecto. Gente peor que mediocre, con una especie de fobia a la excelencia, juzga sobre lo que no tiene la menor idea. Así de deplorable es la situación por la que atravesamos.

            Pero estos procedimientos son también un desalmado asalto al erario nacional. ¿Alguien ha calculado el costo económico de decenas de sesiones de la Comisión de Nombramientos, salarios de diputados y asesores,  personal de secretaría, oficinas y equipamientos tecnológicos?  Les aseguro que se trata de millones y millones de colones. ¿No se parece esto demasiado a un despilfarro irresponsable, a un uso indebido del dinero de todos los costarricenses, a un claro desvío de fondos públicos? Si todo el tiempo y trabajo de ese desempeño parlamentario se termina tirando por el caño, claro que estamos ante un tema peor que inmoral.

            La potestad legislativa de nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia no es un poder absoluto ni arbitrario. Debe, por el contrario, desempeñarse, como toda función pública, con apego estricto a principios legales y valores fundamentales como la probidad y la rendición de cuentas.

            Todo este bochornoso espectáculo debería servir para confirmarnos en la necesidad de que las votaciones para elegir magistrados y otros cargos de la más alta relevancia, se hagan de manera pública. Basta ya de interpretaciones reglamentistas, ocultadoras de designios opacos, por encima de la Constitución y la jurisprudencia de la Sala IV en esta materia.

            Nunca sabremos quiénes fueron esos 12 asambleístas que se sacaron de la manga la cínica sorpresa de un favorecido que no se sometió a los trámites pre-establecidos. Y esa incertidumbre también se presta para las peores especulaciones y hasta para perversas difamaciones.