Ríos Montt, cuyo gobierno de 18 meses entre 1982 y 1983 es considerado el más sangriento de los regímenes militares durante la época de la guerra civil en Guatemala (1960-1996), fue llevado en camilla a la sede del tribunal por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo B, aceptó la recusación que la defensa interpuso en contra de la jueza Jeannette Valdez, con el argumento de que ésta había adelantado criterio sobre los temas a juzgar en una tesis académica presentada hace algunos años.

Ante este imprevisto, las autoridades judiciales deberán integrar un nuevo tribunal y fijar una nueva fecha para la continuación del juicio.

Horas antes de suspender el juicio, Vadez rlechazó un pedido de la defensa para que el general retirado de 88 años no estuviera presente en la sala por razones de salud.

La jueza ordenó a la policía llevarlo por la fuerza y, tras una suspensión de varias horas, el ex dictador fue llevado en camilla y con el rostro tapado, acompañado de su hija la ex diputada Zury Ríos.

Militantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas lanzaron gritos de “genocida” y “exigimos justicia”, una vez que el tribunal suspendió el debate.

Ríos Montt es responsabilizado de la masacre de 1.771 indígenas mayas-ixiles, perpetrada por el ejército durante su gobierno, hechos por los cuales había sido condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013.

No obstante, la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo por razones procesales y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Las organizaciones querellantes aseguran que hay pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad del ex dictador y obtener una sentencia condenatoria. 

El director del Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto, afirmó que tenían listas para el debate más de 800 pruebas, incluidos planes militares, informes, peritajes, así como los testimonios de 120 sobrevivientes y familiares de víctimas de las masacres atribuidas al régimen de Ríos Montt.

"Si ya se probó una vez el delito de genocidio, se volverá a probar, las pruebas son contundentes", aseguró Soto.