La Contraloría General (CGR) había señalado al gobierno de la inconstitucionalidad de las partidas específicas sin destino que se incluyeron en el Presupuesto nacional para el ejercicio 2013 antes de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

La omisión de sus observaciones, llevó a la CGR a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV el jueves anterior, admitida por el tribunal para dictaminar, y ahora es secundada por la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La denuncia de los legisladores señala que existen rubros que consideran “ilegales” dentro del plan de gastos del Estado y que el mecanismo que se utilizaría sería la transferencia de partidas especiales a los gobiernos locales “sin ningún tipo de fiscalización y atendiendo solicitudes clientelares”.

La diputada Yolanda Acuña, jefa de la fracción del PAC, presentó una nueva acción de inconstitucionalidad contra los rubros presupuestarios que transgreden el  principio constitucional de especificidad presupuestaria, es decir, “contra los gastos ilegales aprobados por el Partido Liberación Nacional (PLN)” señaló.

Durante el trámite del proyecto de Presupuesto de la República 2013, el PAC advirtió a los diputados del PLN y al Poder Ejecutivo que varias partidas presupuestarias violentan la Constitución Política. Sin embargo, el oficialismo ignoró los llamados de atención, incluso, los señalamientos técnicos de la misma CGR, señaló la legisladora.

En noviembre de 2012 las fracciones del PAC, el Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y  Movimiento Libertario, presentaron una consulta en este sentido ante la Sala Constitucional y en aquella oportunidad, “los magistrados respaldaron los argumentos y confirmaron que las partidas presupuestarias sin destino específico “son inconstitucionales” afirmó Acuña.

El plan de gastos estatal aprobado por el PLN y sus aliados en el Congreso, puntualizó Acuña, incluye más de ¢3.600 millones –recursos públicos– para costear programas de clientelismo político durante el 2013, un año preelectoral. Los recursos serían transferidos a los gobiernos locales sin ningún tipo de fiscalización y atendiendo solicitudes clientelares.

Las partidas presupuestarias sin destino específico, explicó la legisladora, son ilegales y el PLN quiere manejarlas como “cheques en blanco”, la CGR también advirtió oportunamente que el manejo de esos fondos es inconstitucional.

“El PLN quiere utilizar el dinero de todos los costarricenses en operaciones clientelares durante el 2013. Los recursos deben entregarse directamente  a los gobiernos locales como lo establece la ley 7755, sin intermediación política y atendiendo criterios técnicos, no clientelistas” y no existen sobre esos fondos ningún tipo de fiscalización, concluyó la diputada Acuña Castro.