Según el último informe realizado por la Yale University sobre desempeño en materia ambiental (conocido como el indicador internacional ambiental EPI) Costa Rica está ubicado en el puesto 54 (ver la nueva tabla oficial). La metodología usada para el EPI recurre a diversas variables y ha demostrado haber hecho sus pruebas a nivel mundial, al ser, por ejemplo, escogida por el Foro Económico Mundial para evaluar a los Estados en materia ambiental, así como por otras entidades internacionales y agencias de cooperación.

La posición 54 de Costa Rica contrasta singularmente con el puesto 5 del que beneficiaba en el año 2011 (ver nota de prensa). Los países que acompañaban en el 2012 a Costa Rica entre los mejores lugares se mantienen en esta nueva evaluación como referentes mundiales (lo que podríamos denominar el “TOP 10”).

En particular Suiza, Noruega y Luxemburgo (que precedían a Costa Rica entre los 5 mejor evaluados en el 2012) los cuales son respectivamente en el 2014 ubicados de la siguiente manera: 1ero (Suiza), 2o (Luxemburgo) y 10mo (Noruega). Con esta nueva medición, Chile (ubicado en el puesto 29) pasa a encabezar a los Estados de América Latina, seguido por Ecuador ( en el puesto 53), Costa Rica (54), Venezuela (57), Panamá (58), Cuba (64), México(65), Uruguay (70), República Dominicana (75), Brasil (77),Colombia (85), Bolivia (87), Nicaragua (90), Argentina (93),Honduras (97), Guatemala (98), Perú (110), El Salvador (115),Paraguay (133), y Haití en la ante penúltima posición (176).

El privilegio de Costa Rica de ser parte del grupo de los "TOP 5" a nivel mundial en materia de desempeño ambiental ha sido usado en el pasado por representantes oficiales de Costa Rica en diversos foros y cumbres internacionales. Incluso encontramos referencias a él en los alegatos orales presentados por Costa Rica ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para convencer a los jueces del compromiso inequívoco de sus autoridades con la protección del ambiente: ver por ejemplo, en marzo del 2009 los alegatos finales presentados por Costa Rica en la demanda contra Nicaragua (verbatim, p.14, nota 5) por los derechos de navegación en el río San Juan. En estos días la prensa de Costa Rica ha señalado este notorio descenso sufrido por Costa Rica (ver nota de El Financiero y Costa Rica hoy), calificándolo incluso de "estrepitoso" (Tribuglobal) sin que las autoridades expliquen su posición al respecto, salvo "cuestionar" la metodología usada por la Universidad de Yale.

Un descenso tan pronunciado evidencia, entre otros deterioros en materia ambiental (que por ejemplo el diagnóstico anual que realizan las universidades públicas costarricenses en el Estado de la Nación ha puesto de manifiesto) una consecuencia de lo que algunos analistas han denominado el “doble discurso ambiental” que prevalece en Costa Rica en los últimos años: una de las primeras denuncias públicas colectivas en relación a este discurso "verde" hacia el exterior - que no guarda mayor relación con las políticas que se gestan en torno al ambiente desde algunas oficinas ministeriales - se expresó en junio del 2008 (ver texto de "Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza").

Unos meses después, un foro realizado en la Universidad de Costa Rica en el 2009 se titulaba precisamente: "Técnicas para evadir la legislación ambiental en Costa Rica: el caso del MINAET". Un artículo de finales de 2007 en El Financiero ya advertía de un probable bisturí para intervenir una entidad técnica tan importante para el ambiente en Costa Rica como los es la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, SETENA. Intuición o premonición de la periodista de El Financiero, o simple coincidencia, lo cierto es que gran parte de los escándalos mayores en materia ambiental se dieron meses después y siguen siendo la tónica desde entonces (en particular cuando se trata de proyectos ligados de una u otra forma a la inversión extranjera o a megaproyectos financiados con fondos provenientes del exterior).

Recientes producciones audiovisuales emanadas de la misma Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el proyecto minero Crucitas de una empresa minera canadiense (“El Oro de los Tontos”, 2011, disponible aqui) o la extracción de gaz natural propiciada por la actual administración Chinchilla (“Las trampas del gaz”, 2012, disponible en este sitio); o las ponencias presentadas por ONGs y académicos durante la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) en noviembre del 2013 sobre los efectos devastadores de la producción de la piña de exportación en Costa Rica – disponibles aquí – ; o bien las advertencias ya antiguas sobre usos de pesticidas altamente dañinos (incluso para la salud humana ver artículo de 1993) desoídas por las autoridades – y que explican que Costa Rica sea el primer consumidor de pesticidas por hectárea a nivel mundial); o ,finalmente, la “desprotección de la biodiversidad” a la que refiere el Estado de la Nación en su última entrega (ver documento de K. Rodríguez, p. 21) entre muchos otros, ilustran cada uno la peligrosa deriva de Costa Rica de los últimos años que viene a confirmar el desplome del indicador de Costa Rica en materia de desempeño ambiental. Este último plantea además la urgente necesidad de distinguir la inversión extranjera deseable de la no deseable recientemente evidenciada en un artículo del ex Secretario General de la SETENA, el Dr. Allan Astorga.

Es altamente preocupante que las autoridades de Costa Rica cuestionen la metodología usada por el EPI (la cual no parece afectar mayormente a los países que acompañaban a Costa Rica en el 2011 en las mejores posiciones 2 años después). Lo es aún más que entidades universitarias e incluso algunos desde la misma sociedad civil intenten justificar este preocupante desplome (y no hayan nunca cuestionado la metodología usada mientras Costa Rica se mantenía entre los primeros Estados del planeta en materia de desempeño ambiental).

(*Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica).

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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