(Foto: Coordinadora de Lucha Sur Sur. Supuestos finqueros y peones. Deben ejecutarse acciones más contundentes para desarticular las redes de criminalidad y la formación de un posible escuadrón; impedir el ingreso de camiones cargados de hombres armados con machetes y de caravanas de motos sin placas a los territorios indígenas de Salitre y Térraba).

Advierte la Defensoría que de confirmarse el funcionamiento de este escuadrón calificaría como una asociación ilícita y sería una “amenaza al régimen democrático y al orden constitucional que amerita de la intervención urgente y contundente de las autoridades policiales y judiciales, pues de no hacerlo se estaría promoviendo la impunidad y la criminalidad”.

Rivera fue atacado por al menos siete personas que le dispararon cinco veces por la espalda, ya en el suelo, lo patearon y golpearon con palos, estas acciones que quedaron registradas en videos tomados por testigos. Es la segunda víctima mortal de la violencia contra los territorios indígenas. El asesinato de Rivera ocurrió el 24 de febrero 2020 apenas once meses del brutal homicidio de Sergio Rojas, el 18 de marzo, en su casa de habitación en Salitre.

“No basta con la presencia de policías”, dijo la Defensoría y pidió que el gobierno gire de inmediato instrucciones a las autoridades que corresponda para que se lleven a cabo acciones de protección a las personas sobre las que pesa una amenaza de muerte y a la población y territorios indígenas del sur del país. En lo más inmediato citó al Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y Policía de Tránsito.

La Defensora Catalina Crespo, destacó que “Presento ante usted ésta Alerta Temprana, ante el grave riesgo a la vida e integridad a que están sometidos los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre –cuya protección debe reforzarse en cumplimiento de la Medida Cautelar 321-12-, así como a los Defensores de Derechos Humanos que colaboran y trabajamos en la protección de sus derechos, riesgos que quedan demostrados con el asesinato de dos dirigentes indígenas en menos de un año, el incremento de las amenazas violentas y otras manifestaciones de odio”.

“Ante todo lo cual no basta con la mera presencia policial, sino que deben ejecutarse acciones más contundentes para desarticular las redes de criminalidad y la formación de un posible escuadrón; impedir el ingreso de camiones cargados de hombres armados con machetes y de caravanas de motos sin placas a los territorios indígenas (Salitre y Térraba), para amenazar, intimidar y agredir a los habitantes indígenas”, estas acciones deben coordinarse con la Policía de Tránsito; levantarles cargos por asociación ilícita e incitación a la violencia, en coordinación con la Fiscalía; e incrementar los operativos de control de armas blancas y de fuego, por parte de la Fuerza Pública.

 “Lamentablemente, el asesinato de dos reconocidos dirigentes indígenas, más todos los que han sido heridos y agredidos de diferentes formas, es una prueba irrefutable de que las amenazas son reales y que dos de ellas ya se han consumado” puntualizó la Defensora en un documento que envió al Ministro de Seguridad, Michael Soto, con copia a otras dependencia y a los mismos afectados por amenazas.

Agrega la Defensoría que “en diferentes redes sociales, particularmente en Facebook, en el perfil “Verdades de Salitre” y “Campesinos de Buenos Aires”, usted puede verificar la gravedad de estos hechos y lo más delicado, la formación de un posible escuadrón denominado las Fuerzas Negras, encargado de ejecutar actos de violencia en los territorios indígenas”.

El organismo defensor de los derechos de los habitantes, advierte que de confirmarse el funcionamiento de este escuadrón calificaría como una asociación ilícita y sería una “amenaza al régimen democrático y al orden constitucional que amerita de la intervención urgente y contundente de las autoridades policiales y judiciales, pues de no hacerlo se estaría promoviendo la impunidad y la criminalidad.

Toda esta información ha sido corroborada por la Defensoría de los Habitantes, incluso el ingreso de camiones cargados de hombres armados con machetes y de caravanas de motos sin placas a los territorios indígenas (Salitre y Térraba), para amenazar, intimidar y agredir a los habitantes indígenas”.

El domingo 9 de febrero, el bribri Minor Ortiz Delgado sobrevivió al segundo intento de aesinato, aunque fue alcanzado por una bala en su pierna derecha cuando fue atacado por varios hombres armados con machetes y pistolas. Los dos intendos de homocidio en su contra han ocurrido en la localidad de Río Azul, de Salitre. El primer intento de homicidio fue en 2013. 

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES AL MINISTRO DE SEGURIDAD

Estimado señor ministro: Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad Pública

La Defensoría de los Habitantes recibió una solicitud de acción urgente suscrita por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en la que hacen referencia a las amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, incitación a hechos de violencia y apología del delito en contra de los Defensores de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro, debido a su trabajo en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente en la zona de Buenos Aires de Puntarenas (Ver documento adjunto).

A la vez, tenemos conocimiento de las constantes amenazas a la vida que recibe el líder indígena Bröran Pablo Sivar, lo que muestra una peligrosa tendencia en contra de algunos dirigentes indígenas, reconocidos por sus luchas en favor de sus tierras ancestrales.

Como es de su conocimiento, la Defensoría de los Habitantes mantiene un monitoreo constante de la implementación de la Medida Cautelar 321-12 dictada al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, en esa línea, desde el 2012 hemos promovido, participado y apoyado varias iniciativas de diálogo, junto con autoridades gubernamentales, judiciales y organismos internacionales, en las que en diferentes momentos han participado indígenas y finqueros.

Somos conocedores de la grave situación de violencia, racismo y discriminación que prevalece en esa región del país; y también, constantemente, recibimos amenazas y difamaciones –a través de las redes sociales- por el trabajo de protección de derechos que en cumplimiento de nuestro mandato legal realizamos en la zona de Buenos Aires, no solo en favor de los Pueblos Indígenas, sino de todos las y los habitantes de esa región, como consta en la casuística que tramitamos en esta Institución.

Agradecida por la atención y colaboración urgente, me suscribo cordialmente, Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes.

La Defensoría envió copias de este documento a Gustavo Oreamuno, Coordinador Pueblos Originarios, Ditsö, Pablo Sivar, Dirigente Bröran y miembro del Consejo de Mayores del Territorio Téraba. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General, Ministerio Público. Randall Otárola, Viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos y encargado de asuntos indígenas.