Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a dos personas más este fin de semana en el poblado de Santa Cruz Barrillas, en estado de sitio desde el pasado martes por las protestas de indígenas ante el asesinato de un vecino por agentes de la seguridad privada de la hidroeléctrica española Hidro Santa Cruz. Con estas detenciones asciende a quince el número de líderes indígenas presos en esa comunidad en la última semana.
La Comisión de Auditoría Social de Santa Cruz Barillas, integrada por los líderes comunitarios, indicó en un comunicado que las acciones de protesta se originaron por el asesinato de un campesino "a manos de personeros de la empresa Hidro Santa Cruz, que huyeron con rumbo desconocido".
"La comunidad afectada por estos hechos que atentan contra la integridad física y patrimonio natural y humano de la comunidad, reaccionó ante las provocaciones e intenciones de generar conflicto", advirtió la Comisión.
La Comisión señaló que el campesino muerto, Andrés Francisco Miguel, fue asesinado por guardias privados de Hidro Santa Cruz, una empresa que desde hace más de un año, y a pesar de la oposición de los habitantes, inició la construcción de una represa hidroeléctrica en el poblado.
El motivo del asesinato fue “que él (Miguel) se negaba a vender un terreno de su propiedad en el que la compañía estaba interesada” asegura la Comisión que identificó a los dos campesinos heridos como Paulo Antonio Paulo y Esteban Bernabé.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, un general retirado del ejército que prometió gobernar con mano dura, sentenció después de declarar el estado de sitio y suspender todas las garantías constitucionales en el poblado de Santa Cruz Barillas que “su gobierno no permitirá provocaciones de ningún tipo”.
Según Pérez los líderes y la comunidad indígena, advirtió, podrían estar siendo utilizados por “grupos de narcotráfico, interesados en que se pida la salida del Ejército de la población o implicar a militares en incidentes con civiles”.
El parte de la Policía Nacional Civil (PNC) dice que las detenciones de Esteban Bernabé Gaspar, de 47 años y Jaime Locadio Vásquez Méndez, de 34, se produjeron por orden de un tribunal penal del departamento de Huehuetenango y que los detenidos fueron trasladados a la cabecera departamental (de Huehuetenango), para ser enviados el lunes a la capital donde serán presentados ante el juez.
Los dos líderes son acusados por la Fiscalía de haber participado en los violentos incidentes registrados el pasado 1° de mayo en esa comunidad, tras el asesinato de un vecino, agricultor indígena, los cuales dejaron además dos heridos y daños de consideración.
Otras quince personas fueron detenidas entre ellas una mujer de 70 años, ocho de las cuales han sido ligadas al proceso por los delitos de terrorismo, allanamiento a propiedad privada y militar, amenazas, asociaciones ilícitas y atentado contra la seguridad pública, entre otros precisó el parte policial.
El estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala en ese poblado, ubicado a 415 kilómetros al noreste de la capital, que se mantendrá durante los próximos 30 días, restringe los derechos constitucionales de la población, y según las autoridades tiene como objetivo "recuperar la gobernabilidad" del lugar.
Rápida solución
Varias organizaciones de derechos humanos, el Consejo de los Pueblos de Occidente, CoecoCiba de Guatemala y asociaciones ecologistas denunciaron la represión que las fuerzas de seguridad han desatado en el poblado de Santa Cruz Barillas y rechazaron que los indígenas participaran en los supuestos “actos vandálicos” que sirvieron de excusa para declarar el estado de sitio.
Las organizaciones de derechos humanos y ecologistas piden al gobierno que haya “voluntad para encontrar una rápida solución a este conflicto”.
Entre las medidas que proponen está la inmediata revisión administrativa del expediente y suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroeléctrica del río Canbalam.
El retiro de la empresa en la zona; y que se investigue su responsabilidad en los hechos de la semana pasada.
Que se conforme una comisión de alto nivel con participación de organizaciones de la Sociedad Civil, para apoyar la investigación y deducción de responsabilidades sobre lo ocurrido el día1° de mayo, en Barillas.
Que el Gobierno de Guatemala, brinde protección y seguridad a la población de Barillas, muy por el contrario de la declaración de estado de sitio y la suspensión de los derechos constitucionales de la población “sobre la base de la seguridad democrática en el marco de los Acuerdos de Paz”.
La población de Barillas es mayoritariamente indígena, está ubicada al noreste del departamento de Huehuetenango y colinda al norte con México. La zona ha sido víctima durante varias décadas de la represión indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad.
La energía eléctrica del municipio hasta ahora es proporcionada por la empresa Deocsa-Deorsa, filial de la trasnacional española Gas Natural Fenosa. Desde 2011 se promueve la construcción de una hidroeléctrica de 5 MW de potencia en el Río Canbalam, colindante con la Villa de Barillas, proyecto que es propiedad de la también española Hidro Santa Cruz S.A.
