“Esto reafirma la voluntad del gobierno de defender de manera consecuente la libertad de expresión”, manifestó el ministro durante un foro organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IDH), al que asistió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el peruano Gustavo Mohme.

Herrera señaló que la ley de radio y televisión vigente contiene numerosas disposiciones que podrían considerarse violatorias a la libertad de prensa, similares a las contenidas en el proyecto divulgado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, que hace algunas semanas provocó una intensa polémica en el país y que el presidente Solís desechó categóricamente.

Entre otras disposiciones pone porcentajes máximos a la programación extranjeras que pueden divulgar las emisoras de radio y TV, prohíbe la reproducción de noticias falsas y prohíbe el uso de lenguaje injurioso o contrario a las buenas costumbres.

La normativa vigente también prevé sanciones que van desde la multa hasta la cancelación de licencias hasta por seis meses

Estos aspectos de la ley, explicó Herrera, son obsoletos y no se aplican porque ningún gobierno ha querido hacerlo, pero son parte de nuestra legislación.

“Queremos manifestar el deseo de que el país avance hacia una legislación más avanzada y moderna, que proteja el derecho de los medios pero también de los ciudadanos de hacer uso de su libertad de expresión”, concluyó el ministro, que asumió formalmente el 1 de mayo pasado.

A continuación el texto tal cual lo presentó el Gobierno:

PROYECTO DE LEY

DEROGATORIA DE VARIOS INCISOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 1758,

LEY DE RADIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPEDIENTE N° _________

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El ejercicio de la libertad de prensa, derivado del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, es uno de los pilares fundamentales sobre los que reposa la democracia costarricense. Además, el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica ha reconocido, en su artículo 13, la importancia de la máxima protección a esta libertad. Siendo así, las instituciones del Estado costarricense deben propiciar la profundización y resguardo de ese derecho, tanto desde el ámbito normativo, como en la gestión diaria de la Administración Pública.

Siguiendo esa línea de pensamiento, el Gobierno de la República considera que la Ley N° 1758, Ley de Radio y Televisión, que data de 1954, contiene regulaciones que riñen con la visión de un Estado respetuoso y garante de la libre expresión, en todas sus formas. Específicamente, en este caso se refiere a los incisos b), ch) y de) del artículo 17, hoy vigente, de la Ley mencionada. En esos incisos se lee:

“Artículo 17.- Es absolutamente prohibido:

(.)

b) La transmisión o circulación de noticias falsas, seriales o llamadas de alarma sin fundamento;

(.)

ch) El uso de lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres;

d) Usar lenguaje injurioso que perjudique el honor e intereses personales;

(.)”.

La vigencia de estas normas representa la inconveniente práctica de mantener regulaciones que buscan el control de los contenidos de las emisoras de radio y televisión por parte del Estado, con la imposición de regímenes reactivos de sanción.

Considerando que las conductas sancionables se relacionan con las prohibiciones del artículo 17, mantener en vigencia estas normas genera un latente riesgo de violación a la libertad de expresión y prensa, ya que se podría llegar a inhibir la labor periodística en razón de las sanciones vigentes, función vital para la existencia de un sistema con profundas raíces democráticas, que facilite el control ciudadano sobre las actuaciones de la Administración Pública, y la rendición de cuentas permanente por parte de esta.

Cabe rescatar que es basta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Tristán Donoso contra Panamá y Usón Ramírez contra Venezuela, donde se ha llamado a los países a reformar la normativa que imponga sanciones contra personas que, principalmente en el ejercicio del periodismo, puedan cometer imprecisiones o errores en el debate de asuntos de alto interés público. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aporta en los antecedentes e interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente el artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “errónea, “no oportuna” o “incompleta”. Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión”.

En concordancia con las razones dadas y en virtud de buscar la completa protección la libertad de expresión y de prensa, el Poder Ejecutivo pone a consideración de las señoras y señores diputados a la Asamblea Legislativa el presente Proyecto de Ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DEROGATORIA DE VARIOS INCISOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 1758,

LEY DE RADIO

Artículo 1.- Derogatoria.

Deróguense los incisos b), ch) y d) del artículo 17 de la Ley N° 1758, Ley de Radio y Televisión.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, Presidente de la República, SERGIO IVAN ALFARO SALAS, Ministro de la Presidencia, MAURICIO HERRERA ULLOA, Ministro de Comunicación