Los frentes de lucha ecologista abiertos en el país son varios y con motivo del Día del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, compartimos algunas de las preocupaciones que se externaron durante el Congreso Ecologista “30 años de pensamiento y acción”. Activistas ecologistas consideran que son iniciativas que constituyen un retroceso en cuanto a defensa del medio ambiente en el país.

Henry Picado, de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), explicó que muchas de estas iniciativas son consecuencia de la alianza existente entre personas del poder ejecutivo y legislativo e intereses privados, para impulsar políticas que facilitan la degradación ambiental y la corrupción.

Según dijo Picado durante el Congreso, realizado los días 23 y 24 de mayo, estos sectores se han unido con el fin de “flexibilizar la normativa ambiental”. 

Un primer ejemplo es la reforma propuesta al reglamento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que elimina los estudios de impacto ambiental requeridos para construcciones tan grandes como el Estadio Nacional. Actualmente, se ha excluído a grupos ciudadanos y ecologistas de esta discusión, en la que únicamente participan cámaras empresariales  y el Ministerio de la Presidencia, y que es impulsada por el diputado Pedro Muñoz (Partido Unidad Social Cristiana – PUSC) y la Oficina de la Primera Dama, Claudia Dobles, afirmó Picado.

El nuevo “Reglamento de Evaluación, Control  Saneamiento Ambiental” permite calificar obras de construcción de menos de 9.000 metros cuadrados como de muy bajo impacto ambiental y las exime de inspecciones previas a los terrenos donde se construirá infraestructura. El reglamento actual obliga a realizar inspecciones en obras con áreas que sobrepasen los 1.000 metros cuadrados.

Otro ejemplo, continuó Picado, es la suspensión de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que protegía los mantos acuíferos, lo cual facilita también la urbanización descontrolada. 

Este instrumento técnico fue creado por el SENARA y establecía regulaciones en el momento de construir proyectos o realizar actividades para prevenir los impactos en el recurso hídrico subterráneo. Su aplicación se encuentra suspendida desde el año pasado, de forma indefinida.

Agenda que preocupa y llama a la movilización

Además de lo anterior, existen varias iniciativas legislativas que tienen que ver con materia ambiental y que preocupan a grupos ecologistas.

Una de ellas es una ley que permite que instancias estatales y municipales talen árboles localizados sobre el derecho de vía, sin que tengan que pedir permiso ni evaluar el impacto ambiental. También propone que obras como puentes, pasos de alcantarilla y muros de contención que se quieran construir dentro de cauces de ríos en derechos de vía están exoneradas de cumplir con los permisos ambientales. Se trata de la “Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial” (Expediente No. 20.995), que reforma la Ley general de caminos públicos de 1972).

Asimismo, alertaron sobre la insistencia de algunos diputados y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en que se apruebe la “Ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de semillas” (Expediente 21.087). Según la FECON,  limitaría el comercio de semillas criollas o nativas, usadas y conservadas por personas campesinas e indígenas.

Una de las iniciativas más polémicas que se debate a nivel nacional es la idea de legisladoras y legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), junto con el Colegio de Geólogos, para que el Gobierno otorgue concesiones de minería a cielo abierto. Las explotaciones de metales podrían abarcar extensiones de hasta 20 kilómetros cuadrados, por un plazo de 25 años y prorrogables por 10 años más, y podrían estar en reservas forestales y territorios indígenas, afirmó la FECON.  Este proyecto aún no ha sido presentado a la Asamblea Legislativa.