"El proceso que conllevó su nombramiento se realizó en estricto apego a la legalidad, tomando en cuenta las calidades profesionales y la idoneidad de la embajadora para ocupar un puesto en el servicio exterior, así como las facultades que otorga la Constitución Política de Costa Rica al Poder Ejecutivo para la asignación de sus embajadores", señala una nota oficial.

Sin embargo, el trámite administrativo y "personal" de Zúñiga en relación con su pensión, que es legal según lo determinó la Dirección Nacional de Pensiones, "generó inconformidad".

Esta circusntancia fue valorada por el gobierno, que consideró que lo más conveniente en virtud de la transparencia era pedirle poner a disposición su cargo.

“Esta Administración y especialmente, con los cambios que se han impulsado en esta Cancillería, no ha privilegiado ni va a favorecer a ninguna persona por medio de un nombramiento o beneficios futuros que ese nombramiento puede generar", aseguró el Canciller Manuel González. 

"Para efectos de eventuales responsabilidades, es indispensable separar el tema de la pensión, que es un asunto personal de la señora Zúñiga y el tema del nombramiento, en donde se ha actuado con total apego a la transparencia", agregó el Canciller. 

Zúñiga solicitó hacer efectiva su renuncia a partir del 15 de agosto, para poder concluir  algunos proyectos de la Embajada, pendientes e importantes, que inició durante su gestión, como es el traslado y apertura dena nueva sede diplomática, a partir del 1 de agosto, ya que la actual se encuentra en malas condiciones.